La Justicia argentina declaró delito de lesa humanidad las torturas que sufrió un soldado por orden de sus superiores durante la guerra contra Gran Bretaña por la posesión de las Malvinas en 1982, afirmó una jueza este miércoles a la AFP.
La declaración judicial equipara en Argentina los apremios ilegales en aquella guerra con los perpetrados por el terrorismo de Estado durante la dictadura (1976-1983), cuando miles de personas fueron víctimas de secuestros, torturas y desapariciones.
«Lo declaré un delito de lesa humanidad e imprescriptible considerando la normativa internacional sobre crímenes de guerra, la convención contra la Tortura y el Tratado de Roma (delitos contra la humanidad)», dijo la jueza Eva Parcio, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut (sur).
La magistrada investiga la aplicación de torturas al soldado Juan Carlos Gómez en un destacamento militar de Comodoro Rivadavia, donde fue castigado con tormentos antes de ser embarcado rumbo a Malvinas durante la guerra que ganó Gran Bretaña tras 74 días de combates.
Gómez, que pertenecía a la III Brigada de Curuzú Cuatía, provincia de Corrientes (noreste), denunció haber sido «estaqueado», un tormento aplicado en casos de indisciplina.
Dicho castigo consiste en atar a los soldados de pies y manos, tendidos en el suelo, y mantenerlos al aire libre durante horas o días al sol o con temperaturas bajo cero.
En la causa hay dos militares imputados, cuya identidad y sus actuales cargos no fueron revelados por la jueza.
Al menos cuatro veteranos de guerra, testigos de las torturas a Gómez, identificaron a uno de los imputados en una ronda de reconocimiento la semana pasada, realizada en un predio perteneciente a la Gendarmería (policía de fronteras) en Buenos Aires, indicó una fuente judicial.
La guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982, cuando tropas despachadas por la dictadura argentina recuperaron las islas, ocupadas por la fuerza por Gran Bretaña en 1833.
En la guerra murieron 649 argentinos y 255 británicos.
La causa se desprende de una mayor que lleva adelante la justicia de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego (extremo sur de América), la provincia que según la Constitución argentina tiene jurisdicción –aunque en los hechos simbólica– sobre el territorio de Malvinas.
La investigación por torturas en Río Grande cuenta con casi un centenar de testimonios de ex combatientes, en su mayoría de la provincia de Corrientes, que denuncian haber sufrido vejámenes por parte de oficiales militares superiores en las trincheras de la guerra.
Buenos Aires reclama a Gran Bretaña la devolución de la soberanía y usa como escenario de la demanda los principales foros internacionales.