Guatemala ha emitido su declaración oficial en cuanto al problema de seguridad que vive la región centroamericana, para lo cual se ha convocado a la conferencia de cooperantes en apoyo a la estrategia de seguridad de la región, sin embargo, nada nuevo puede deducirse de dicha declaración.
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Según el documento, se quiere dejar claro que la conferencia de cooperantes es un “hito histórico que marca el inicio de una nueva etapa en los esfuerzos para consolidar a Centroamérica como una región segura, en paz, libertad, democracia y desarrolloâ€.
La declaración afirma que la violencia en Centroamérica “se ha incrementado como resultado de la confluencia de factores externos y de problemas estructurales internos que agravan dicha situaciónâ€, por lo que la comunidad internacional reconoce el principio de responsabilidad compartida para enfrentar esta amenaza transnacional.
Se señala además que para luchar contra este flagelo, es necesaria la participación de todos los actores locales, nacionales, regionales e internacionales, incluidos los gobiernos, los parlamentos, el poder judicial, el sector privado y la sociedad centroamericana; así como el respaldo político y acompañamiento de los Países Amigos y Organismos Internacionales.
Por ello, los países centroamericanos dejan en firme su decisión de establecer “un Mecanismo de Coordinación, Evaluación y Seguimiento, que asuma la responsabilidad de coordinar, evaluar y dar seguimiento al estado de avance en la ejecución de la Estrategia de Seguridad, su Plan de Acción con Costos y el Portafolios de Proyectosâ€.*
LLAMADO A INCREMENTAR
A la Conferencia Internacional de Cooperantes asistió esta mañana Francisco Dall’Anese, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, quien refirió que el tema del narcotráfico y el crimen organizado también es responsabilidad de los gobiernos centroamericanos, pues no han promovido un incremento en sus ingresos.
Apoyando la petición de Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, sobre incrementar la recaudación tributaria de los países de la región, Dall’Anese, sostiene que el narcotráfico aprovecha los espacios que los estados no pueden atender debido a la falta de recursos.
El comisionado menciona que, cuando no hay recursos financieros para invertir en deporte y recreación y se deben recortar presupuestos de salud y educación para atacar la inseguridad, es allí cuando los grupos delictivos aprovechan para atraer a la población y ofrecer soluciones, siendo apoyados por la sociedad más necesitada, aún cuando cometen hechos delictivos.
Ayer, además, se mencionó la propuesta de crear un impuesto regional que ayude a combatir el narcotráfico y crimen organizado, proposición a la que el sector empresarial aún no ha querido referirse.
Roberto Ardón, en representación del sector privado centroamericano, refirió que decidirán el apoyo o rechazo hacia este impuesto cuando se conozca exactamente de que se trata la propuesta, sin embargo refirió que, aunque se tiene certeza de que se necesitan más recursos, también es necesario establecer un Acuerdo de Estado, donde se pueda contar con una estructura fiscalizadora y de transparencia.
Ardón además señaló que aún no se les ha dado a conocer la manera en que los recursos obtenidos durante la Conferencia de Cooperantes serán fiscalizados, por lo que, como sector empresarial, se ofrecen a realizar esta observación.
Entre las conclusiones y propuestas que los representantes de las empresas privadas hacen sobre esta reunión, destaca que se elimine “la permeabilidad de las fronteras, promover la interconexión de sistemas de generación y análisis de inteligencia, fortalecer las instituciones y hacer más efectivos los mecanismos contra la corrupción en los países centroamericanos y promover la modernización en el equipamiento de las fuerzas de seguridadâ€.
Lea el comunicado oficial de Guatemala en la siguiente dirección
http://www.lahora.com.gt/documentos/declaraciondeguatemala.pdf
Francisco Dall´Anese, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, señala que el problema se deriva en la falta de recursos económicos de los países.
Ayer, los cooperantes centraban su atención en que Centroamérica tiene una baja recaudación, por lo que instaban a mejorar la recaudación fiscal.
Dall’Anese instó a mejorar la recaudación fiscal para financiar sus propios proyectos.
SIN URGENCIAS
A pesar de señalar como “urgente†la atención al problema que genera el crimen organizado y el narcotráfico, los 22 proyectos que componen el plan de seguridad de Centroamérica son presentados para concretarse en un plazo de tres a cinco años. La falta de recursos y lo enraizado de la situación, pueden ser las causas.
Actividades como “análisis sobre las capacidades nacionales y regionales para la auditoría y fiscalización de sustancias controladas†e “identificar y sistematizar normativas y protocolos existentes de prevención de la violencia contra las mujeres, trata de personas y femicidioâ€, darán resultados en seis meses, cabe destacar que este es el periodo más corto que se señala en los perfiles de proyectos.
Al consultar sobre este tema a René Mauricio Valdez, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, considera que sería “poco razonable†esperar que el problema de inseguridad en Centroamérica se resuelva de manera inmediata, pues existe un nivel de deterioro bastante grande.
“Ya se ha dicho que es poco realista pensar que en cuestión de tres meses o seis meses vamos a estar bien, lamentablemente, la penetración del crimen organizado, el deterioro de las condiciones sociales es lo que está detrás de esta situación de criminalidadâ€, señala Valdez.
Un nuevo estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que gasto público en seguridad en la región aumentó un 60% en cuatro años.
La violencia que afecta a los países de América Central no sólo tiene un alto costo humano, patrimonial, social o cultural. Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los gobiernos de la región destinaron en 2010 aproximadamente US $4 mil millones a seguridad y justicia, una cifra que ha aumentado 60% desde 2006.