La Corte Suprema de Estados Unidos analizará mañana por primera vez en casi 70 años el derecho a poseer armas, un tema que tiene que ver con la identidad estadounidense y que podría influir en la campaña presidencial.
Los expertos estiman que la decisión de los nueve jueces sobre una ley de la ciudad de Washington, juzgada inconstitucional, que prohíbe tener armas de fuego cortas, tendrá un profundo impacto sobre las leyes que controlan el acceso a las armas.
La cuestión tiene que ver con la Segunda Enmienda de la Constitución, que establece que «siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a tener y llevar armas no será transgredido».
Para la ciudad de Washington, el texto crea un derecho colectivo a tener armas en propiedad, en el marco de un servicio de policía o de guardia. Pero para millones de estadounidenses, y especialmente los miembros de la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA), la enmienda garantiza el derecho de cada ciudadano a llevar y tener armas.
«Tengo confianza en nuestro caso y en nuestra capacidad continua de proteger a los habitantes de la violencia armada», declaró a principios de mes el alcalde de la capital, Adrian Fenty.
Alan Gura, principal abogado de la parte contraria, cuestionó sin embargo la eficacia de las leyes antiarmas vigentes en Washington, que según él sólo «privan a los ciudadanos respetuosos de la ley de su derecho constitucional a la propiedad y al porte de armas».
En 2006 Washington, que cuenta con 580 mil habitantes, registró 169 asesinatos, de los cuales 137 por armas de fuego.
Aparte de la NRA, los grupos más diversos adhieren a la defensa de la tenencia y porte de armas, como las Pistolas Rosas, una asociación homosexual.
«Los crímenes de odio antihomosexuales tienen lugar en las casas, más que en ningún otro lugar», destaca la organización, que piensa que las armas deben autorizarse en los domicilios por motivos de defensa propia.
La Corte Suprema nunca se pronunció realmente sobre esta cuestión. En el siglo XIX, determinó que la enmienda se refería a las leyes federales y dejaba a los estados la libertad de reglamentar el porte de armas y, en 1939, validó una ley que exige registrar las armas llevadas de un estado a otro.
Al no pronunciarse nunca la Corte sobre el alcance de la enmienda, las jurisdicciones internas se encuentran especialmente divididas, las unas a favor del derecho colectivo y las otras del derecho individual.
La ciudad de Washington, una entidad administrativa independiente de cualquier estado, prohíbe desde 1976 a sus habitantes poseer un arma de fuego corta. Sin embargo permite tener un fusil o una escopeta en casa a condición de que el arma esté bajo llave y descargada.
En 2003, Dick Heller, residente de un barrio sensible de la ciudad puso una demanda por violación de su derecho constitucional de porte de armas. Aunque la denuncia fue rechazada en primera instancia, Heller ganó la causa en marzo, ante una corte de apelación federal.
La ciudad presentó entonces una demanda ante la Corte Suprema, que deberá pronunciarse a partir de junio, insistiendo en la necesidad de reglamentar el acceso a las armas de fuego cortas, usadas en casi dos tercios de los robos y agresiones, y en mas de la mitad de los 15 mil asesinatos anuales en el país, según estadísticas del FBI.