En realidad, ¿qué otra cosa pudimos esperar de las personas que de una u otra forma tuvieron la oportunidad de ejercer decisión con respecto del futuro de Guatemala? La creación formal de las comisiones de Postulación fue una esperanza para la población que esperaba un actuar decente, honesto, digno y honorable de sus integrantes.
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Pero no fue así; se movieron las aguas subterráneas de la corrupción que socavaron la buena intención de algunas personas que aportaron su tiempo y esfuerzo para elegir a l@s mejores juristas para la impartición de justicia en este país plagado de injusticias. No cabe duda que, como en cualquier lugar del mundo, Guatemala también tiene sus verdaderos poderes ocultos, paralelos y sinvergí¼enzas que cooptan las esferas del Estado y «hacen gobierno» desde fuera del Estado.
Las Comisiones de Postulación fueron los instrumentos legales que permitieron al poder oculto, presentar a sus candidat@s para optar a dirigir la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones; un instrumento que, integrado principalmente por personas que ejercen magistraturas y algunos decanos y rectores que ideológicamente y «vox pópuli» siempre se han identificado como sirvientes de burguesía del grupo económico privilegiado del país, fueron quienes propusieron la lista de candidat@s presentados al «deshonrado» Congreso de la República.
La población tuvo la esperanza de que esas comisiones, trabajaran de manera honesta, digna, correcta y apegada a los principios de la ética profesional, sin embargo, no fue así, y hemos conocido por diferentes medios de comunicación las componendas y triquiñuelas con un personaje que aceptó de viva voz haberse reunido con «operadoras» políticas del organismo ejecutivo, para definir a l@s candidat@s a las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones.
Lo anterior fue el resultado del «trabajo» de las Comisiones de Postulación; luego, la responsabilidad se trasladó al Congreso, donde en un claro desprecio al clamor popular se eligió a varias personas señaladas de conductas irregulares en diferentes actos de su vida, especialmente en el ejercicio profesional de la impartición de justicia en el desempeño de cargos de jueces y magistrados.
Los diputad@s «la regaron», una vez más, se evidenciaron ante el pueblo de Guatemala y el mundo como lo que en realidad son: sirvientes de los verdaderos dueños de Guatemala, quienes por cierto, no permiten cambios en la estructura político funcional del Estado para seguir conservando sus jugosos privilegios manifestados en ganancias producidas por el trabajo mal pagado de la clase trabajadora.
La oportunidad pasó, solo queda esperar que en los años venideros la Ley sea reformada en los aspectos que ahora permitieron a las Postuladoras y Congreso, salirse otra vez, con la suya.