Hace una semana escribí que, los escándalos siguen de moda en nuestro país, y nos hemos acostumbrado a esperarlos con morbo para enjuiciar o absolver según el criterio político que se sostenga.

Cada escándalo, trae consigo una secuela de frustración, asco, náusea y repugnancia al reconocer a los protagonistas, quienes en su momento de zenit político hicieron gobierno desde importantes cargos dentro del aparato estatal y se distinguieron por su conducta prepotente, abusiva y de sabelotodo. Ahora desde el otro lado de la colina, se muestran ante la sociedad como “inocentes palomitas” cuando vox pópuli se sabe que fueron ladrones del erario público.

Las decepciones siguen su curso, desde los “cuestionados” fallos judiciales, pasando por los hueveos que ahora salen a luz pública, la consignación de los presuntos asesinos del campesino en Huehuetenango, la absolución de las señoras Torres, el incumplimiento de la palabra del Presidente de la República en el sentido de no exigir finiquito a los funcionarios que están en el ejercicio de cargos públicos, las imputaciones de ilegalidad a personas que trabajan supuestamente por la “transparencia” de los actos gubernamentales y otras más que pueden enumerarse.

Y no es que sea pesimista, lo que me permito decir es la realidad de lo que la población infiere de los actos gubernamentales que contradicen los ofrecimientos de campaña y los más recientes; y aunque los anuncios oficiales digan lo contrario, la realidad cadavérica se hace presente en cientos de guatemaltecos día a día con los quinientos asesinados mensuales en el territorio nacional.

No se logra, a pesar de las “buenas intenciones” de los gobernantes, que la administración pública transmita a la población la sensación de certeza jurídica, respeto, atención y seriedad; pues un alto porcentaje de los empleados y funcionarios saquean día a día a las instituciones de una y mil formas, sabiendo que, en caso sean descubiertos, la “honorable justicia” no los tocará por ineficiencia del Ministerio Público o bien por los “conectes” en los tribunales, circunstancias que hace persistir el sentimiento de impotencia y cólera por haber desperdiciado el voto.

La población no tiene forma para desfogar la frustración que conlleva las decepciones y se tiene que aguantar cuatro largos años; y cuando ya las autoridades van de salida principian a justificar su falta de hombría en la toma de decisiones inculpando de ello a los “poderes ocultos” que según ellos también, “jamás vieron”.

Pero… no nos asombremos, esta es la historia de cada cuatro años y, se seguirá viviendo ad perpetuam, porque la población, también ad perpetuam, no tiene la suficiente educación cívica para protestar, pues la ignorancia seguirá campeando en Guatemala con la imposición de proyectos educativos extranjeros REQUERIDOS POR LA OLIGARQUÍA por medio de su universidad de élite A LA QUE PERTENECEN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS. ¿O no es cierto?