La requisa efectuada ayer en el Centro Preventivo de la zona 18 tuvo como resultado el decomiso de celulares y otros posibles medios de prueba; sin embargo ésta y otras acciones disminuyen su efectividad en cuanto a la individualización de los ejecutores de las extorsiones desde la prisión.

Ayer durante la requisa fueron encontrados 20 celulares, cargadores, y listados que detallaban números de teléfono y direcciones de personas; además de datos de familiares y de propiedades o negocios que poseen, así­ como un í­ndice de empresas de transporte extraurbano.

Sin embargo, ninguno de los reos pudo ser individualizado en relación al referido ilí­cito, ya que sólo se realizó el decomiso pero no se sindicó a ninguna persona a delito.

MP puede asesorar

Julio Otzoy, jefe de la fiscalí­a contra secuestros y extorsiones, del Ministerio Público (MP), refirió que es muy difí­cil encontrar a los propietarios de los teléfonos o chips, ya que los reos tienen ubicados en puntos estratégicos a otros reclusos que dan aviso sobre las requisas.

«Hay reos que tiran los celulares o se los dan a otros e incluso hay quienes se adhieren los chips a los genitales para que no se los encuentren», dijo Otzoy, quien agregó que «a veces el factor sorpresa se queda corto».

El fiscal añadió que no se logra ubicar a los extorsionistas pero que con las requisas se consigue «una orientación de hacia adónde van las extorsiones para que las ví­ctimas no se dejen sorprender por cualquier tipo de amenazas que los reclusos puedan dar, entonces se puede asesorar a las personas que terminan pagando estos hechos».

«No hay justificación»

Carmen Aí­da Ibarra, analista de la Fundación Myrna Mack, opinó que una prioridad en estos casos es que el Ministerio de Gobernación busque mecanismos para hacer una investigación interna sobre los guardias de presidios que podrí­an permitir el ingreso de celulares, droga o armas a los penales de manera recurrente.

«No hay justificación para que las personas que están bajo custodia del Estado puedan cometer hechos delictivos en centros que están para restringir todo tipo de libertades y otros derechos», expuso Ibarra.

La analista insistió en que no hay excusa por la cual el Estado deba mostrarse impotente ante la problemática de las extorsiones desde las cárceles, y agregó que debe existir dentro de las propias prisiones una cadena de corrupción, de complicidad y encubrimiento, que empieza por los guardias del Sistema Penitenciario.

«El problema es la recurrencia que hay en este hecho, porque decomisan celulares y hasta armas, y regresan; no hay un combate, una acción coordinada y ahí­ debe apoyar inteligencia civil para determinar cómo operan los reos», enfatizó finalmente la entrevistada.