El informe presentado ayer por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre Guatemala ratifica lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, en el sentido de la debilidad de nuestras instituciones y la fragilidad enorme del Estado para cumplir con sus fines esenciales. El tema de la violencia es obvio para cualquiera porque no hace falta mucho análisis para notar la forma en que se mantiene la inseguridad para los ciudadanos del país, pero es bueno que desde afuera, desde la óptica de Naciones Unidas, nos recuerden la tremenda incapacidad que hay para corregir el problema.
Si en algo se nota el efecto devastador de la política para reducir el Estado a su mínima expresión es en el tema de seguridad y justicia, puesto que vivimos en un país carente de leyes que se cumplan y donde los criminales gozan de la más absoluta impunidad. Sistemáticamente, durante muchos años, se predicó que el Estado no servía y fue tan consistente la propaganda que hasta fundaron una universidad para apuntalar dogmáticamente esa teoría. El efecto está a la vista, puesto que lograron su cometido y convirtieron al Estado de Guatemala en uno de tal fragilidad que está a punto de caer en la condición de fallido. La debilidad se nota en todas las áreas de la administración pública, pero se vuelve dramáticamente patética en el tema de la seguridad y la violencia. Y es obvio que las autoridades no ven como una prioridad el rescate institucional porque se han centrado únicamente en los programas clientelares que les pueden representar ventajas proselitistas, sin reparar siquiera en que están fracasando en lo esencial. Por ello es que resulta tan importante que nos remachen desde afuera la forma en que están fracasando porque la primera obligación de las autoridades tendría que ser la de rescatar la institucionalidad que es clave para garantizar gobernabilidad en el país. Los guatemaltecos sufren diariamente el embate de la violencia y la criminalidad. No hay día en que las bandas criminales no despojen a decenas de ciudadanos de sus pertenencias y lo hacen a mano armada, con violencia y absoluta impunidad. El gobierno habla de un plan de reforma de la Policía Nacional Civil que al final de cuentas terminará siendo otro experimento como el del reciclaje porque tristemente no existe una visión clara para refundar una institución carcomida por el cáncer de la corrupción. Afuera del país, desde la perspectiva más objetiva de los observadores internacionales, se entiende la raíz del problema y se señala con claridad y sin tapujos. Con cada crimen, con cada muerte, se desmorona la institucionalidad pero ni Colom ni su gente atinan a entenderlo.