Las últimas semanas ha ocurrido un incremento en atentados directos contra activistas de derechos humanos y representado un retroceso para el país en ese tema; sin embargo las intimidaciones a esos grupos son constantes.
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El artículo 3 de la Constitución ordena al Estado «garantizar y proteger la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona». Sin embargo, la realidad social del país y la crisis de violencia actual lo alejan de esa garantía.
En lo que va del año, se han registrado seis asesinatos contra activistas de derechos humanos (según el Grupo de Apoyo Mutuo) y se han registrado una gran cantidad de amenazas.
Según el último informe del Centro de Estudios de Guatemala, en 2005 se reportaron 224 ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, y en 2006 se documentaron 278.
Mala calificación
Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, explicó que Guatemala tiene una historia de ataques contra defensores de derechos humanos, que aún no ha podido ser superada.
Para el PDH «los altos niveles de impunidad, que se encuentran actualmente en 97.5 por ciento», son la razón principal por la que el país se encuentra en una situación deplorable en el tema de derechos humanos.
En el año 2007, Guatemala descendió del puesto 116 al 117 a nivel mundial en desarrollo humano, el cual, según el PDH, es el indicador que mide la situación de un país en ese tema ya que se incluyen en él los derechos a la alimentación, educación y seguridad, entre otros.
«El año pasado Guatemala retrocedió un puesto, lo cual es gravísimo porque vamos para atrás», manifestó Morales y añadió que a ese paso, los indicadores del año anterior podrían repetirse.
El Magistrado de Conciencia dijo finalmente que «los enemigos de la justicia y el derecho arrecian sus ataques» cuando se logra avanzar contra la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Mensaje
Amílcar Méndez, ex diputado y activista de derechos humanos, considera que la violencia canalizada contra estas personas envía un mensaje claro: «continúan las estructuras represivas, las cuales sólo cambian de actores; y se confirma el hilo de continuidad de la práctica del terror y el miedo», indicó.
El ex parlamentario recordó que los niveles más altos de violaciones a los derechos humanos que ha vivido el país, ocurrieron durante el conflicto armado interno, donde «se puso en práctica el crimen como método de orden social».
Méndez también mencionó como ejemplo que la percepción que se tiene sobre la práctica del crimen es en todas las áreas, ya que «generalmente se piensa que si hay muchos ladrones o mareros hay que matarlos», comentó.
Finalmente, el entrevistado consideró que los ataques contra activistas de derechos humanos no son una política del actual gobierno, pero «en la medida que un gobierno avale o tolere la persistencia de estas prácticas lo compromete de algún modo».
Opinión
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), opinó que el país enfrenta una situación de vulnerabilidad y debilidad que genera que haya presión hacia el trabajo de las organizaciones y se viole el estado de derecho.
Hay una situación de constantes y permanentes ataques y amenazas en contra de personas activas en el tema de derechos humanos que se observan en ejecuciones extrajudiciales y las amenazas e intimidaciones a las organizaciones», comentó Polanco.
El analista agregó que algunas de estas acciones intimidatorias no están debidamente documentadas por las entidades encargadas de la investigación y no descartó que los ataques puedan venir de agentes de las fuerzas de seguridad «o del propio Estado que pretende eliminar oposición».
El 7 de agosto último, fue asesinado de cuatro impactos de arma de fuego Antonio Morales, quien trabajaba en la comunidad de Tixel, Colotenango, Huehuetenango.
La víctima era parte del Comité de Unidad Campesina y era una persona activa en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, la defensa de los recursos naturales, el respeto de las consultas populares y especialmente en la resistencia frente a los proyectos de minería a cielo abierto en la zona de Huehuetenango.
Morales había informado sobre amenazas en su contra por parte de grupos armados que operan en la región.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) denunció que dichas amenazas se sumaban a las acciones de hostigamiento e intimidación constantes que activistas de derechos humanos han recibido por el trabajo que realizan en defensa de los derechos fundamentales.
Se intentó conversar con Aura Marina Mansilla, fiscal de Derechos Humanos, pero no respondió las llamadas telefónicas a su oficina.
En mayo de este año, los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala denunciaron una serie de amenazas e intimidaciones telefónicas en contra de sus investigadores.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió al Estado para que investigara.
El 29 de julio fue atacado a tiros Ronald Chang Apuy, hermano de la activista de derechos humanos Helen Mack. El hecho ocurrió en la 18 calle y 22 avenida de la zona 10.
Aunque la víctima no tenía ninguna relación con las actividades de la Fundación Myrna Mack, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado guatemalteco prestar medidas cautelares a la familia Mack.
El 11 de agosto pasado fueron ejecutados extrajudicialmente Eliazar Bernabé Hernández Rodas, de 22 años; Mario René Gámez Luna, de 23, y Juan Luis Navarro de 19. Las víctimas eran voluntarios de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Amatitlán y realizaban trabajos en pro de la niñez y la juventud.