La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó sobre la existencia de tres mil establecimientos públicos en riesgo por debilidad en infraestructura; expertos en construcción y transparencia señalaron que esto se debe a actos de corrupción en el pago y procesos de contrato de la obra y urgen que se apruebe el paquete de leyes de transparencia.

Cada vez más sale a luz la debilidad de la infraestructura pública. Lo informado ayer por la Conred sólo señala establecimientos públicos construidos antes del 2010, de los cuales mil necesitan intervención inmediata.

De acuerdo con esto, el diputado y presidente de la Comisión de Probidad, Amílcar Pop, indicó que se debe a la “corrupción” alrededor de las construcciones que realiza el Estado, ya que no existen normativas de contrato, en las cuales la unidad ejecutora no coordina ni establece condiciones y calidad de la construcción, lo cual permite que se pague más por una obra que vale menos.

El diputado agregó que este problema también se debe a la “incapacidad” de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, que sólo ve que la papelería de contrato y facturas de pago estén en orden, pero no verifica la calidad de la obra mientras se está haciendo, sino que cuando ya se hizo.
Pop manifestó la urgencia de aprobación al paquete de leyes de transparencia –reformando la ley de Contrataciones del Estado–, en las cuales se podría establecer más controles en las obras que realizan los gobiernos, indicó.

Según Murphy Paiz, miembro del Colegio de Ingenieros y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos (Usac), el problema que presentan los tres mil establecimientos públicos se debe a que no se encuentra centralizada la entidad que se encargue de la construcción de las instalaciones del Estado.

Contrario a esto, existen ministerios, fideicomisos, alcaldías y Consejos de Desarrollo a cargo de la construcción de inmuebles estatales, detalló Murphy. 
El decano de la Facultad de Ingeniería señaló que dicho problema también se debe a actos de corrupción, ya que se construye con productos de mala calidad, los cuales se cobran a precios altos y que esto es debido a que se hace el famoso “cobro de comisiones”, aseveró.

Las instituciones públicas analizadas por la Conred corresponden a años anteriores al 2010, entre las cuales se encuentran hospitales, centros de salud y escuelas. Actualmente los edificios de la Gobernación de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango han sido señalados por presentar fuertes deterioros en su infraestructura en menos de dos años de haber sido elaborados.