El artículo 203 de la Constitución guatemalteca establece que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Carta Magna y a las leyes, pero la práctica indica lo contrario, debido a que las debilidades de las instituciones judiciales no ofrecen suficientes garantías para el ejercicio de las funciones de los operadores de justicia.
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Un informe recientemente presentado por la Fundación Myrna Mack, denominado «Desafíos a la Independencia y Transparencia del Organismo Judicial (OJ) emitió una serie de conclusiones respecto a la situación actual de ese tema, en ese organismo del Estado.
El informe detalla que la independencia judicial aún no se respeta incondicionalmente en Guatemala y que existen obstáculos para poder cumplir con ese principio, fundamental de un Estado de derecho.
El estudio explica que el freno para el fortalecimiento de la independencia judicial lo constituye la carencia de recursos económicos en el OJ que, aunque goza normativamente de autonomía presupuestaria, tiene una asignación baja para su funcionamiento.
El análisis detectó en total 19 «cuellos de botella» que afectan seriamente al poder judicial, entre estos la escasez de recursos, pero también la falta de una carrera judicial en las instituciones afines, la debilidad en cuanto al acceso a la justicia y las deficiencias en la investigación criminal.
Además señala la violencia que afecta directa e indirectamente a jueces, magistrados y auxiliares de justicia, y la infiltración del crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones.
¿EN TEORíA?
La Constitución de la República detalla en el artículo 20: «A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público».
Por otro lado, una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad el 25 e enero de 1996 -expediente 249-95- cita: «El OJ tendrá las garantías sin las cuales no es posible concebir un sistema de justicia que dé a los particulares la seguridad jurídica de que las decisiones judiciales están revestidas de objetividad e imparcialidad, entre las que se encuentran: la independencia de criterio como fundamento de la potestad de juzgar, la promoción de la ejecución de lo juzgado, la independencia funcional, y económica, la no remoción de los jueces y magistrados, así como la exclusividad absoluta de la función jurisdiccional de la CSJ y de los Tribunales».
En una reciente entrevista publicada en La Hora, Luis Arturo Archila, presidente del OJ expresó: «Siempre llevamos el mensaje de la transparencia, de la anticorrupción como contrapartida y siempre propugnamos por la independencia y la imparcialidad de los jueces; porque una justicia sin independencia y sin imparcialidad no es justicia». Y añadió: «Lo menos que se puede esperar de un juez es que sea independiente, que no responda a presiones de ningún tipo, porque ahí es donde principia la corrupción y la impunidad».
En ese contexto, ¿es posible esa transparencia propugnada por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y establecida en la propia Constitución de la República?
FALENCIAS
Mónica Leonardo, analista de la Fundación Myrna Mack, indica en cuanto a la independencia, que el poder judicial está muy debilitado, lo cual se debe a aspectos relacionados con el nombramiento de jueces y magistrados, el régimen disciplinario, la evolución de desempeño y a la seguridad a los operadores de justicia.
«A raíz de la investigación se pudo colegir que la independencia del OJ no es tal y que existe aún injerencia de intereses y sectores ajenos a la buena marcha de ese poder judicial que se deben a debilidades normativas», manifiesta.
La experta señala que cuando no hay un sistema de justicia y un poder judicial independiente no hay certeza jurídica en cuanto a la forma que están siendo resueltos los casos, ni seguridad efectiva de la aplicación del derecho por lo que el OJ debe comprometerse con la independencia judicial y dar muestras de ese compromiso a través de «reformas a la ley de la Carrera Judicial, separación de funciones administrativas y jurisdiccionales y la garantía de seguridad para sus jueces».
Leonardo concluyó que uno de los factores que más inciden en la falta de independencia judicial es el económico, ya que no existen mayores discrepancias en cuanto al porcentaje presupuestario asignado al OJ, lo que denota «falta de interés en el tema de justicia».
POCOS RECURSOS
Los análisis financieros de la CSJ concluyen que el OJ gasta un 80 por ciento del presupuesto en salarios, el otro 20 por ciento debe distribuirlo en temas de insumos, funcionamiento y seguridad para jueces y magistrados. ¿Es suficiente el 20 por ciento?
Algunos de los salarios que devengan los operadores de justicia oscilan entre Q4 mil 700 para los comisarios, Q8 mil 523 para jueces de paz, para jueces de primera instancia los salarios rondan por los Q19 mil 492, mientras que son Q 27 mil 732 para los magistrados de sala, Q42 mil 35 para los de la CSJ y Q 57mil 525, para el Presidente del OJ.
Juan Ramón Lau, presidente de Sindicato de Trabajadores del OJ, considera que la crisis económica afecta cada año al poder judicial y cree que los salarios no son suficientes: «Se negoció un pacto colectivo de condiciones de trabajo, pero no llenó las expectativas que se necesitan para reivindicar a la clase trabajadora del OJ».
El entrevistado considera además que los bajos salarios afectan la independencia de los trabajadores judiciales.
SIN FONDOS
El OJ fue afectado recientemente con un recorte presupuestario de Q170 millones, además anunció un déficit de más de Q 225 millones.
Héctor Maldonado, magistrado de la Cámara Penal, indicó que la carencia de fondos en ese poder del Estado afecta grandemente su funcionamiento ya que no se pueden crear más tribunales y no se ejecuta la evolución de desempeño.
Sin embargo, Maldonado resalta que uno de los factores más vulnerables que afecta la falta de fondos es en la seguridad de los jueces y magistrados y la capacitación del personal auxiliar y de juzgadores.
Gabriel Gómez, magistrado de la CSJ, opinó al respecto que el tema presupuestario es un tema que perjudica a todas las instituciones del Estado para el ejercicio de las funciones que tiene que realizar.
La pregunta sigue siendo: ¿es el OJ capaz de garantizar la independencia a la que está llamado en la Constitución, cuando tiene problemas económicos como un déficit que supera los Q 300 millones?
Gómez respondió a esa pregunta así: «Ese es el tema por el cual estamos queriendo tener acercamientos con el Ministro de Finanzas para cerrar esos problemas. ¿Qué pasaría si la justicia no tuviera en 2011 la capacidad para pagar salarios?, por eso es que necesitamos urgentemente que se nivele el presupuesto del OJ para no llegar a afrontar ese tipo de problemas».
Al respecto la investigadora de la Fundación Mack apuntó que «si bien la falta de recursos va obstaculizar el desempeño de algunos procesos, hay otros que no están dependientes de esos fondos sino dependen del compromiso y correcta aplicación de leyes».
Gabriel Gómez
Magistrado
Carlos Aguilar, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, pone los puntos sobre las íes en relación a la debilidad en la independencia en el OJ.
La Hora: ¿Cree que existe debilidad en la independencia del poder judicial?
Carlos Aguilar: Hay factores externos como el sector político que influye tanto a nivel del Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos que debido al proceso de selección de magistrados ellos tienen cuotas de poder.
LH: Usted solicitó su traslado a otra judicatura por la seguridad, ¿hasta dónde afecta ese aspecto a la independencia?
CA: Afecta mucho. Hay mucha preocupación en jueces, en especial en el interior del país donde los jueces están sin mayor protección, no hay mínimas condiciones de seguridad. El caso palpable es en Zacapa donde un juez tuvo que darle medida sustitutiva a un miembro de los Lorenzana que andaba con dos armas de fuego sin licencia, empezaron vehículos a circular vehículos en el juzgado y llamaron para exigirle a la jueza de paz que lo dejara libre y el juez de primera instancia de inmediato le otorgó medida sustitutiva. Tristemente la seguridad de jueces influye en decisiones que se tomen.
LH: ¿En su cargo actual ha conocido algún caso?
CA: Ha habido magistrados de la CSJ que llaman a los jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones pidiéndoles que resuelvan de una u otra forma, hemos recibido denuncias de unos jueces donde algún magistrado los ha llamado.
LH: ¿Eso en la gestión actual?
CA: En la actual Corte Suprema.
LH: ¿Qué se hace con esas denuncias?
CA: Estos jueces lo hicieron de conocimiento de la Cámara Civil, incluso hemos sabido de esa misma situación en un juzgado laboral, de los jueces penales nadie se ha acercado con nosotros pero creemos que es preocupante y que atentan contra la independencia judicial.
LH: ¿A qué se debe esa injerencia?
CA: Se debe tristemente a los poderes fácticos, el poder económico y político afectan en algún momento dado y eso crea temor en los jueces para resolver de cierta manera porque son casos donde hay influencia política o alguien metido en poder económico y eso afecta. También hemos visto que se tiene un poco de temor cuando hay casos en procesos penales con militares involucrados.
LH: ¿Cree que el Estado no tiene la capacidad para garantizar la seguridad de los jueces?
CA: Ni por parte del Estado ni por la Corte Suprema, no existe un plan de seguridad para jueces y magistrados para que podamos resolver con la seguridad y aplicando la ley, porque hay temor que al resolver contra determinada persona se pueda atentar contra la vida de los jueces. Eso afecta porque hace que los jueces tengan que pensar en su seguridad y en la de su familia antes de resolver.
LH: ¿Qué pediría en ese sentido?
CA: Que tanto la CSJ como el Estado que tienen el mandato constitucional de garantizar la seguridad a la vida, se nos debe garantizar a jueces y magistrados nuestra seguridad y la de nuestra familia para resolver apegados a derecho, sin temor a que este caso tenga incidencia política o no.