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Aunque a criterio de algunos abogados litigantes, la prisión preventiva en el paí­s deberí­a ser la normal y no la excepción, el caso de los procesos abiertos por adopciones anómalas no contempla ese supuesto, pues la mayorí­a de las y los implicados gozan de libertad actualmente.

Lo anterior, según la Fiscalí­a Contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), dificulta el proceso penal, pues a raí­z de los fallos que han favorecido a las y los sindicados de estos hechos, los mismos inician un proceso de entorpecimiento de los casos a través de lluvias de recursos «dilatorios».

No obstante, la función acusadora del MP también es objeto de crí­ticas, pues a decir de un analista consultado, la fiscalí­a deberí­a argumentar bien sus acusaciones para procurar que los jueces de primera instancia resuelvan otorgando la medida de prisión preventiva a los sindicados de estos hechos en los que las ví­ctimas han sido cientos de niños y niñas de todo el paí­s.

En los últimos meses han recuperado su libertad no menos de cuatro personas vinculadas al negocio de adopciones ilegales en el paí­s.

Algunos de los y las sindicadas han sido vinculados a la red de Rosalinda Rivera Estrada, ligada a una red de adopciones ilegales que es investigada actualmente por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como uno de los primeros casos que tomó.

FISCALíA

Alexander Colop, titular de la fiscalí­a contra la trata de personas del MP, quien fue consultado respecto a las resoluciones en mención, respondió que aunque respeta el criterio de los jueces para resolver en ese sentido, no lo comparte.

«Es criterio de los jueces, recordemos que el delito contempla que se puede beneficiar a los sindicados con esa medida», opinó Colop.

No obstante, el investigador reconoce que a raí­z de ese tipo de fallos, «los procesos comienzan a complicarse y dilatarse debido a la serie de recursos que los sindicados interponen con ese único fin de retrasarlo», manifestó.

Aunque Colop es muy crí­tico de los recursos que califica como «dilatorios», reconoce que la Ley les permite a los sindicados interponerlos e indica que la fiscalí­a se limita a actuar a través de las apelaciones que la misma legislación también le permite.

Colop añadió que en los últimos meses se han emitido hasta cinco sentencias condenatorias por el delito de trata de personas contra diferentes profesionales del derecho y personas vinculadas directamente con ese tipo de ilí­citos.

CRíTICA

Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opina que el MP «no sólo debe solicitar las prisiones preventivas, sino justificarlas», comenta.

«En la medida que la fiscalí­a justifique con pruebas que la persona es culpable de algún hecho delictivo, los jueces deberán resolver en esa dirección y aunque la defensa de los sindicados utilice recursos para apelar, el MP también puede ejercerlos», comenta el experto consultado.

Canteo enfatiza que tanto el MP como los juzgadores «deben tener sumo cuidado para tomar las decisiones necesarias para garantizar que las personas sindicadas no obstaculicen la investigación», señala.

Con esto, el panorama de las adopciones ilegales en el paí­s en relación a las medidas que las y los jueces han otorgado a los sindicados, es a criterio de Canteo «sombrí­o», pues produce un impacto negativo en la sociedad y sobre todo en las instituciones de justicia: «cuando el sistema deja libres a las personas señaladas de delitos graves podrí­a haber también una mala actuación de los juzgadores y se deberí­a investigar para evitar señales negativas en la lucha contra la impunidad», comenta el analista.

Canteo criticó finalmente el actuar del MP e instó a la fiscalí­a a recurrir a órganos superiores que reviertan fallos que causen jurisprudencia en los casos y que concluyan en «beneficios» para los sindicados de ese tipo de delitos.

«El MP tiene que recurrir también a las apelaciones de los fallos de las salas; a la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y otros, porque no es posible que el camino para evitar que estas personas salgan libres termine en salas de apelaciones», indicó.

RIVERA

Uno de los casos más paradigmáticos de trata de personas que se ha dado en el paí­s es el de Rosalinda Rivera Estrada, hermana del diputado por el Partido Patriota Gudy Rivera, quien recuperó su libertad bajo fianza de Q50 mil.

Rivera Estrada permanece ligada a proceso por los delitos de trata de personas y conspiración; actualmente la fiscalí­a especial para la CICIG investiga la banda conformada por decenas de personas supuestamente dedicadas a las adopciones anómalas y trata de personas, y según las investigaciones, la sindicada es jefa de ese grupo ilegal.

Rivera Estrada fue detenida en la zona 7, tras un allanamiento en busca del niño ílvaro Daniel Suruy, de 4 años, quien habrí­a sido robado mediante engaño a su mamá Marí­a Suruy, en Chimaltenango. Según las investigaciones, el menor fue dado en adopción a una familia en Estados Unidos.

UN Aí‘O PRí“FUGO

Tras un año de estar prófugo de la justicia, Byron Facundo Hernández Reyes, notario implicado en procesos anómalos de adopción, recuperó el pasado 12 de febrero su libertad luego que el juzgado contralor del proceso le impusiera una fianza de Q50 mil que pagó de inmediato.

Según investigaciones del MP, el profesional habrí­a participado en la autorización de más de 60 adopciones en forma irregular, no obstante en la audiencia de primera declaración, la fiscalí­a le imputó un solo caso.

Hernández es vinculado a Rosalinda Rivera Estrada, cuyo proceso está detenido debido a una serie de acciones legales que ha interpuesto luego que le fueron revocadas las medidas de prisión preventiva.

GRUPO

Otras personas sindicadas de estos hechos que también han recuperado su libertad bajo fianza son: Mairena Rí­os Trujillo, ex abogada de la Procuradurí­a General de la Nación, y el notario Saúl Vinicio Garcí­a Rivera, ligados a proceso por procurar la adopción ilegal de una niña.

Según las investigaciones de la fiscalí­a, a los profesionales se les sindica de haber participado en la adopción ilegal de Anyelí­n Liseth Hernández Rodrí­guez, de 2 años, quien ahora tiene 4 años y fue enviada con papelerí­a falsa hacia Estados Unidos en el 2008. La fiscalí­a tiene indicios de que la niña permaneció en una casa hogar antes de ser dada en adopción.

La pequeña fue arrebatada en 2006 en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, según consta en la denuncia y declaración ante la fiscalí­a que investiga el caso.

La abogada de la PGN quedó en libertad bajo fianza de Q5 mil, y a Garcí­a se le dictó auto de prisión preventiva, el cual apeló y fue favorecido con una fianza. Ambos permanecen ligados a proceso por trata de personas.

NOTARIA

Susana Marí­a Luarca Saracho, vinculada con adopciones anómalas, también fue favorecida con una fianza para que saliera en libertad. El juzgado Octavo de Primera Instancia le impuso una fianza de Q50 mil y la ligó a proceso por trata de personas, asociaciones ilí­citas y uso de documentos falsos.

Aunque en la resolución de la jueza Marta Sierra de Stalling se detalló que con las pruebas presentadas por la fiscalí­a contra Luarca Saracho, que sí­ hubo una adopción irregular «a todas luces», debido a una prueba de ADN negativa respecto de la supuesta madre, y otra positiva con la verdadera madre biológica de una menor, la sindicada goza de plena libertad.

En este caso, la jueza también subrayó en su resolución que el MP no sustentó el posible peligro de fuga de la sindicada y de qué manera podrí­a obstaculizar las investigaciones, por lo que otorgó las medidas de: fianza de Q50 mil, arresto domiciliario, obligación de firmar cada 15 dí­as el libro de la Fiscalí­a a cargo de la investigación y prohibición de abandonar el paí­s.

Según la fiscalí­a, el 26 de abril del 2007 en la sede de la Asociación Primavera (constituida por ella), Luarca recibió a una niña con el objetivo de efectuar un trámite de adopción internacional. La notaria recibió documentos que supuestamente identificaban a la pequeña, pero el MP estableció que eran falsos.

Por este caso, aún está abierta la investigación contra Mario Fernando Peralta Castañeda, juez de la Niñez y la Adolescencia de Escuintla, por la autorización de la adopción irregular de otra menor.