Al menos US$58,2 millones de fondos de dependencias del Estado están depositados en bancos privados, por lo que la Superintendencia de Bancos (SB) dio plazo hasta el 31 de diciembre para que sean trasladados al estatal Banco de Guatemala (Banguat).
Fuentes de la SB indicaron que el primer desembolso de las entidades financieras privadas está previsto para el viernes o a más tardar el lunes próximo, cuando algunos bancos del sistema, sin identificarlos o especificar cuántos, entreguen unos 19,5 millones de dólares.
Las autoridades de la SB han mantenido el hermetismo y tampoco quisieron proporcionar detalles sobre las entidades estatales y descentralizadas que mantienen dinero del Estado en los bancos del sistema.
Sin embargo, el titular de la SB, Manuel Barquín, explicó el lunes pasado a diputados de la Junta Directiva del Congreso de Guatemala, que los plazos del traslado del dinero se programó para que no afecte la liquidez de la banca privada de Guatemala.
«Se trata de entidades sólidas y considero que no habría problema en el traslado de los fondos, pero queremos prevenir cualquier eventualidad», afirmó Barquín a los parlamentarios.
Además, destacó que la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) será la encargada de vigilar que se cumplan los plazos de los traspasos de fondos al Banguat.
De acuerdo con la SB, la Ley de Bancos prohíbe a las entidades estatales mantener recursos, que no sean para funcionamiento de las mismas, en bancos privados, pues la normativa determina que el dinero que no se utiliza en el transcurso del año debe volver al fondo común.
La investigación de la SB para determinar la cantidad de dinero del Estado en bancos privados se inició en julio pasado, un mes después que estallara el escándalo de la inversión de unos 11 millones de dólares del Legislativo en la casa de corretaje Mercados de Futuro (MDF).
Dicho escándalo, que se descubrió el 4 de junio pasado, provocó la renuncia, el 6 de agosto, de Eduardo Meyer como presidente del Parlamento. Actualmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene que decidir si le retira la inmunidad para procesarle penalmente.