En efecto, en ambos casos es función esencial del Congreso decidir los montos del endeudamiento y, sobre todo, determinar a dónde deben ir los ingresos a la hora de presupuestar el gasto, función que según nuestra carta magna es exclusiva del poder legislativo e indelegable. Por ello es que realmente tiene que haber una clara y contundente exposición de motivos en la solicitud formulada por el Ejecutivo tanto para la aprobación de las nuevas leyes fiscales que incluyen nuevos tributos, como para la aprobación de los bonos.

Personalmente no tengo nada en contra de que parte de ese ingreso pueda ir a Cohesión Social y sus programas, puesto que entiendo que en una época de crisis es justamente cuando el Estado más tiene que apoyar a los que necesitan soporte que son los más pobres de todos los paí­ses. Los paquetes de estí­mulo, aun en los paí­ses ricos, tienen especial dedicatoria a la gente que ha perdido el empleo y la está pasando mal como resultado del descalabro económico, por lo que no hacerlo en un paí­s como el nuestro, donde la pobreza alcanza niveles de extrema miseria, serí­a insensato. Sin embargo, siempre he estado en contra de los cheques en blanco, como los que se recetan cada poco tiempo nuestros funcionarios y, en general, cada cuatro años los polí­ticos que ganan una elección sin más compromiso que el de satisfacer la insaciable ambición de sus financistas, y por lo tanto creo que previo a la aprobación de los nuevos recursos que reclama el Gobierno, tiene que haber una clara expresión del destino de esos fondos y debieran establecerse candados para evitar las famosas transferencias que han hecho de la aprobación del presupuesto por el Congreso una de las mayores burlas a la Constitución.

Por supuesto que la culpa es fundamentalmente del Congreso porque cuando les toca aprobar la ejecución presupuestaria no dicen ni jota y todo porque están debidamente salpicados con los aportes para las obras distritales que son una forma de sobornar a los representantes para que dejen de estar fregando con labores de fiscalización.

Pero como estamos en un momento en el que se tienen que sentar precedentes respecto al papel de la sociedad en materia de manejo de la información pública, es del caso exigir que el Ministerio de Finanzas presente a los diputados un detalle preciso de lo que espera hacer con el dinero adicional que vendrí­a de la emisión de bonos, fundamentalmente, porque del parche tributario (que no reforma fiscal) no se verán frutos importantes en lo que falta del ejercicio.

Y lo más importante es que el Congreso establezca mecanismos que sean candado para evitar que una vez dada la aprobación, todo vaya a ese nuevo fondo común que es Cohesión Social, donde nadie sabe a ciencia cierta cómo y en qué se gasta el dinero.