A como van las cosas, no es necesario tener mucha sabidurí­a para predecir que en un poco tiempo la sorpresa puede ser mayor; pues la población reclusa al estar coordinada para exigir traslados, tomar rehenes, apoderarse de los centros carcelarios e imponer sus condiciones de vida interna, indicará en su momento la clase de autoridades que desean, el perfil de los guardias penitenciarios que los cuiden, y sobre todo podrán «sugerir» a las autoridades de Gobernación lo relacionado con visitas.

VOX POPULI, es en realidad lamentable que las autoridades del sistema penitenciario realicen actos reñidos con la ley en contra de la población reclusa y que al descubrí­rseles se les destituya y «parte sin novedad»; que se pongan de acuerdo con los reclusos para ser «rehenes» y lograr prebendas que por la ví­a administrativa no lograrí­an pues están fuera del contexto legal; que sigan autorizando la salida de los centros de reclusión a reos para ir a comprar insumos que venden en los negocios que funcionan en lo interno del centro de detención.

Pero lo grave, graví­simo del asunto es LA FALTA DE CONTROL QUE TIENEN LAS AUTORIDADES MISMAS, pues ahora resulta que se acusa al ex subdirector del sistema penitenciario de cometer una serie de delitos en contra de la población reclusa y que por ello, la población reclusa se ve obligada a seguir cometiendo actos ilegales en contra de la sociedad para poder pagar la extorsión que las mismas autoridades les hacen.

¿Pasará igual que con otros casos similares, borrón y cuenta nueva? Por la comisión de esas conductas delictivas cometidas por los ahora ex funcionarios y funcionarios en funciones, ¿debe pagar la sociedad? ¿se les castigará o quedarán impunes? ¿cuál es la lección aprendida de este último caso? ¿qué dice al respecto el señor director del sistema penitenciario? La sociedad ya no quiere más verborrea estéril y cantinflesca de sus voceros, con eso no se babosean a la gente, se quiere escuchar la resolución de los graves problemas que existen.

La ineptitud de los funcionarios penitenciarios, su falta de educación y amiguismo para su nombramiento como funcionarios, la politiquerí­a ejercida para ser nombrado sin tener experiencia alguna en el puesto a desempeñar, es el resultado de una administración penitenciaria dirigida por personas neófitas a quienes después de sus «metidas de pata», si se les puede decir que no son idóneos para el ejercicio de dichos puestos, lo cual acarrea para la sociedad, problemas y más problemas.

Como en Guatemala todo es «bola cantada», el pueblo pregunta a los funcionarios del sistema penitenciario: «Â¿para cuándo será la fuga masiva?»