El Ejército mexicano fue la autoridad contra la que se presentó el mayor número de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en el primer semestre de 2009, según un reporte dado a conocer esta semana por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, órgano público autónomo).
El despliegue militar y policiaco «es una fuerza legítima y constitucional, una fuerza legal, una fuerza democrática», dijo el jueves el presidente mexicano, Felipe Calderón.
De las 956 quejas por probables violaciones de los derechos humanos recibidas por CNDH en el primer semestre, 559 fueron en contra de la Secretaría de la Defensa (Sedena), seguida por la Procuraduría General (PGR) con 216, mientras que contra Seguridad Pública (SSP) federal se recibieron 104.
La Sedena, la PGR y la SSP son la parte medular de la estrategia de combate al narcotráfico del presidente Felipe Calderón, que desde diciembre de 2001 mantiene un operativo federal en el que participan más de 36.000 militares y miles de policías federales.
«Muchos soldados, policías y servidores públicos comprometidos con la patria han dado la vida», subrayó Calderón, quien aseguró que estas muertes no han sido «en vano» porque las estructuras de la delincuencia organizada se están debilitando.
Los cárteles de la droga en México libran una cruenta guerra por controlar el mercado local y las rutas de trasiego hacia Estados Unidos, el mayor mercado de drogas en el mundo, cuya disputa ha dejado un saldo de 7.700 personas asesinadas en 2008 y 2009.
Human Rights Watch (HRW) envió el 13 de julio pasado una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton para solicitarle que Estados Unidos retenga parte de los recursos de la Iniciativa Mérida hasta tanto los militares mexicanos que violen derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.
El Ejército mexicano difundió el jueves pasado un informe sobre abusos y delitos cometidos por militares diciembre de 2001 y según el cual un tribunal militar condenó a 12 elementos por los delitos de secuestro o inhumación clandestina, mientras que 53 siguen sometidos a proceso, desde que Calderón llegó al poder.
De los 12 condenados dos son jefes, seis son oficiales y cuatro son soldados que han recibido penas de hasta 20 años por delitos como homicidio, secuestro o inhumación clandestina, explicó a la prensa el director general de Derechos Humanos de la Sedena, Jaime López Portillo.
La CNDH ha notificado al Ejército desde diciembre de 2001 sobre 2.461 quejas, de las cuales 1.846 han sido desestimadas, 580 siguen en trámite y en 35 se han emitido recomendaciones.
«El hecho de que tengamos un alto índice de (quejas) concluidas sin responsabilidad habla de que no hay muchas violaciones a los derechos humanos. No debiera haber ninguna, pero las tenemos», sostuvo López Portillo.
Las zonas de donde procede la mayoría de las quejas contra el ejército son Chihuahua (norte) y Michoacán (oeste), dos distritos en los que existe una fuerte presencia militar por los ajustes de cuentas de bandas del narcotráfico y ataques a fuerzas federales.