El pedido del vicepresidente Luis Giampietri para que Perú rechace fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), volvió a poner en primer plano el conflicto interno peruano en momentos en que se investiga una fosa común donde militares enterraron a más de 50 campesinos.
Giampietri acusó al tribunal de San José de fallar siempre «en contra de los intereses del país» y de «estar premiando a terroristas (del grupo armado maoísta Sendero Luminoso) con indemnizaciones».
El pedido se produce cuando la CIDH se encuentra evaluando la interpretación de una sentencia que ordena a Perú indemnizar a los familiares de 41 presos de Sendero Luminoso, fallecidos durante la represión de un motín en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori.
En caso de que la CIDH ratifique su fallo -que Lima apeló-, el gobierno peruano deberá pagar entre 70.000 y 80.000 dólares a cada una de las familias que denunciaron a Perú por violaciones a los derechos humanos.
«Nunca nos han favorecido sus sentencias de terrorismo. No creo que sea conveniente que las aceptemos. En consecuencia, propongo, a título personal, hacer un retiro parcial en el tema que juzga los casos de terrorismo», dijo el vicepresidente citado por el diario Perú.21.
El vicepresidente de la CIDH, el ex canciller peruano Diego García Sayán, señaló que el camino para evitar reclamos es que los Estados no cometan violaciones de los derechos humanos y que, si sucede, sean sancionadas internamente.
El ex vicealmirante Giampietri es la cabeza visible del ala dura del gobierno de Alan García, de origen socialdemócrata, y es el segundo alto funcionario que pide rechazar fallos ligados a la guerra interna (1980-2000).
Según la Comisión de la Verdad el conflicto interno peruano dejó más de 69.000 muertos y sus secuelas se siguen viviendo hoy, como lo demuestra la exhumación de una fosa común en el sureste de Perú, donde hasta ahora se hallaron restos de unos 60 campesinos ajusticiados presuntamente por militares en 1984.
La exhumación se realiza en la comunidad andina de Putis, a 3.500 metros de altitud, donde se estima que podría haber restos de hasta un centenar de personas, según los especialistas forenses que participan en la tarea.
La masacre de Putis ocurrió hace 24 años en el departamento de Ayacucho, y fue atribuida al Ejército por la Comisión de la Verdad (CVR), con base en las declaraciones de testigos.
La CVR encontró que en diciembre de 1984, 123 hombres, mujeres y niños de las comunidades de Cayramayo, Vizcatampata, Orccohuasi y Putis fueron ejecutados por el ejército peruano.
Según el informe, los militares «sospechaban que los campesinos estaban involucrados con Sendero Luminoso, pero también habría existido interés de los soldados por el ganado de las víctimas, que vendieron poco después del hecho».
Los forenses estiman que podrían hallar más de un centenar de restos hasta este viernes, cuando concluya su labor de 15 días. Su tarea es financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Los restos hallados permitirán a la fiscalía judicializar el caso y llevar ante los tribunales a los militares responsables de uno de los episodios más sangrientos del conflicto interno peruano.
Ayacucho es uno de los departamentos más pobres de Perú y acunó en 1980 a Sendero Luminoso, una guerrilla de la que hoy sólo quedan remanentes.