El Europarlamento debatió el miércoles en Bruselas sobre el aborto y la promoción de los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina, región dividida entre las posiciones más duras como la de Nicaragua y las más flexibles como la del Distrito Federal de México.
La influencia de la Iglesia católica en la legislación sobre esas cuestiones fue uno de los grandes ejes de este encuentro sobre «Los derechos de las mujeres en la salud reproductiva en América Latina», organizado por el grupo parlamentario de izquierda GUE/NLG de la Eurocámara, que reunió a eurodiputados y representantes de ONG europeas y latinoamericanas.
«Insto a todos a alentar a los gobiernos de América Latina a resistir la presión del Vaticano y actuar en el interés de sus ciudadanos, colocando las cuestiones de salud y derechos humanos en primer lugar», dijo Elfriede Harth, de la ONG Católicos por Elección, durante el debate.
«Este encuentro tiene una gran importancia porque es el primero que coloca la salud y los derechos sexuales y reproductivos en América Latina en la agenda del Europarlamento», agregó Harth, cuya organización trabaja en nueve países de la región, en referencia a la «deuda» que tiene Europa con el Nuevo Mundo por la utilización de la religión para imponerse a las poblaciones locales.
La ecuatoriana Emma Ortega, del Comité Regional Federación Democrática Internacional de Mujeres, recordó que a raíz de la legislación que prohíbe la interrupción del embarazo y por la falta de educación sexual, «en América del Sur hay 34 abortos peligrosos por cada mil mujeres», según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
«Las sociedades del mañana no pueden seguir impulsando las operaciones clandestinas, cohabitando con la ilegalidad, la falta de higiene y de garantías mínimas para las mujeres», advirtió, y pidió impulsar las políticas de «educación sexual y de planificación» y los «métodos anticonceptivos».
En el debate, quedaron expuestas las inmensas diferencias existentes en América Latina en estas cuestiones, con la posición de máxima dureza de Nicaragua, que en 2006 prohibió el aborto por cuestiones terapéuticas, y la del Distrito Federal de México, que un año más tarde aprobó la interrupción selectiva del embarazo.
Tras considerar legal la interrupción del embarazo en ciertos casos entre 1837, cuando se promulgó su primer código penal, y 2006, Nicaragua se convirtió hace dos años en uno de los tres países del mundo en prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia junto con El Salvador y Chile, según la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
La penalización del aborto, ratificada a fines de 2007 por el Congreso de Nicaragua, se efectuó a pesar de que «el 95% de los ginecólogos estaba de acuerdo en mantener el aborto terapéutico, al igual que el 95% de los consultados», como explicó Oscar Flores, de la Sociedad Nicaragí¼ense de Ginecologia y Obstetricia.
El director de Ginecología del Hospital Ixtapalapa de México DF se refirió a la legalización de la interrupción selectiva del embarazo en la capital mexicana desde abril de 2007, mediante un procedimiento gratuito que puede efectuarse en 14 de los 25 centros hospitalarios públicos.
Las estadísticas de los primeros 5.000 casos muestran un perfil de mujer de edad media de 25 años, con educación secundaria completa (61%), católica (85%), sin protección social (54%), y sin nucho predominio de solteras sobre casadas (54% y 45% respectivamente).
Entre esta situación y la registrada en Nicaragua queda en evidencia que las más afectadas por las restricciones en los derechos sexuales y reproductivos son las «mujeres pobres, con limitado acceso a educación, de zonas rurales y menores de edad», como indica en un estudio de IPAS, una organización internacional de promoción de los derechos reproductivos.