Ante la mirada de millones de televidentes, el presidente Barack Obama y su rival republicano Mitt Romney expondrán sus argumentos esta noche en el primer debate presidencial, en el que el mandatario procurará mantener su reducida ventaja sin cometer error alguno, mientras que Romney buscará darle un rumbo distinto a la contienda y aproximarse a los votantes.
Y aunque los debates raramente son decisivos, pueden alterar el rumbo de la lid presidencial, al cambiar la dirección de una campaña o frenar el ascenso de un candidato. Cinco semanas antes de los comicios, la atención del público ha comenzado a centrarse, las opiniones se definen más y en algunos estados ha comenzado ya el voto por correo.
Los primeros debates no han sido favorables para los presidentes que buscan la reelección, por lo que desde una perspectiva histórica sólo pueden ser neutros para Obama y esperanzadores para Romney en su encuentro hoy en Denver.
Obama es vulnerable y Romney intentará acorralarlo. El desempleo es, en los últimos 40 meses, superior al 8%, la economía crece a un ritmo del 1,7% dos años después de concluir oficialmente la recesión, y la ley del seguro médico firmada por el mandatario sigue siendo un tema polémico entre el electorado.
La consigna de Romney: el país no puede aguantar otros cuatro años con Obama en la Casa Blanca.
El argumento de Obama: el país estaría peor sin sus políticas y necesita cuatro años más para concluir el trabajo.
Pero también hay cierto sentido de urgencia para Romney.
«Quizá falten cinco semanas para las elecciones, pero el asunto quedará zanjado en tres semanas. Quizá en dos», indicó el asesor Michael Dennehy, quien asesoró a John McCain en sus campañas presidenciales de 2000 y 2008. «Así que se acaba el tiempo. Romney debe usar al máximo todas las oportunidades que tenga».
Un electorado dividido, un presidente con el viento a favor pese a impopulares políticas y la actuación titubeante de su rival modelan el primero de tres debates que preceden a las elecciones generales. Empero, no es la primera vez que el electorado estadounidense ha presenciado esta situación.
En el 2004, el presidente George W. Bush llevaba una ventaja de entre 7 y 8 puntos porcentuales, y el senador John Kerry no lograba hundir a su oponente con el argumento de mala política exterior del gobierno de Bush. Pero Kerry fue declarado el ganador del primer debate y en pocos días recuperó terreno y empató a Bush en las encuestas.
Y ciertos paralelismos con aquella campaña no pueden escaparse en este debate.
¿Qué puede hacer Romney?
Para ganar la atención de los votantes, Romney debe definir metódicamente la debilidad económica actual como un fracaso de las políticas de Obama. A juzgar por lo que ocurrió en la Convención Nacional Republicana y por los comentarios recientes de Romney, el candidato opositor señalará que el dispendio gubernamental, las trabas regulatorias y la incertidumbre sobre la ley de salud de Obama han lastrado el crecimiento económico.
Seguramente desafiará las afirmaciones de Obama sobre el plan económico de los republicanos y pondrá en entredicho la precisión de las afirmaciones del mandatario.
¿Qué puede hacer Obama?
En primer lugar, debe estar listo. Kerry, quien ha hecho el papel de Romney en los ensayos del debate con Obama, no fue el único opositor que puso en aprietos a un mandatario en el primer debate. Ronald Reagan superó al entonces presidente Jimmy Carter en 1980, pero cuatro años después pasó problemas frente a Walter Mondale.
Obama necesita transmitir confianza en sus políticas pero sin caer en la trampa de la soberbia. Conoce poco a Romney y ello plantea el riesgo de que pueda desdeñarlo.
No se puede esperar que Obama abra un ataque contra Romney, pero sí que responda con decisión. Cuestionará las cifras de su rival en materia de los planes fiscales y aludirá probablemente a las declaraciones de Romney, quien dijo que el 47% de los estadounidenses, simpatizantes con Obama, se consideran víctimas con derecho a recibir apoyo del gobierno.
Inmigración en la campaña
La inmigración ilegal es un problema en Estados Unidos desde hace décadas. Con un aproximado de 11,5 millones de inmigrantes en calidad migratoria irregular viviendo, y en muchos casos trabajando, en el país, la pregunta sigue siendo ¿qué hacer con ellos? ¿Y cómo evitar que más gente entre de manera ilegal?
Una relajada aplicación de la ley potencialmente lleva a que más inmigrantes no autorizados compitan con ciudadanos estadounidenses por empleos y algunos servicios sociales, sin necesariamente pagar el impuesto por ingresos. Por otro lado, una política demasiado rigurosa podría significar que los agricultores y otros en industrias que se apoyan en la mano de obra barata de los inmigrantes tengan que rogar por trabajadores, pasando los altos costos a los consumidores o perdiendo el negocio por completo.
El presidente Barack Obama ha impulsado la Ley Dream, un camino a la ciudadanía estadounidense para muchos jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños. Los esfuerzos por aprobar el proyecto de ley han fracasado repetidamente, con mayor notoriedad en 2010, cuando se estancó en un Senado liderado por demócratas después de no lograr obtener los 60 votos que necesitaba para someterse a una votación en el pleno. Cinco demócratas votaron contra la medida.
En junio, Obama anunció un plan para retrasar hasta por dos años las deportaciones de muchos inmigrantes que se habrían beneficiado de la Ley Dream y les permite obtener permisos laborales.
El candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, ha dicho que de asumir el cargo no vetaría la Ley Dream si llegara a su escritorio. Romney dijo al diario The Denver Post que respetaría los permisos laborales para aquellos inmigrantes que se benefician con la nueva política de Obama y prometió poner en marcha un plan migratorio integral antes de que esos permisos se venzan. El ex gobernador de Massachusetts se dijo a favor de completar un elevado muro de acero a lo largo de la frontera con México, además de los 1.046 kilómetros (650 millas) de antemano construidos, y se opone a permitir que estudiantes de universidad públicas en condición migratoria irregular paguen las mismas tarifas preferentes que pagan quienes radican en el estado.
La inmigración no autorizada ha disminuido en años recientes. La Patrulla Fronteriza recientemente registró la menor cantidad de arrestos en cerca de 40 años. Pero a muchas personas les preocupa que la frontera con México, el punto de cruce más popular para los inmigrantes que no cuentan con la debida documentación de ingreso, aún no sea segura más de una década después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
En el último par de años, el gobierno ha invertido miles de millones de dólares en la construcción de un muro, en duplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y en agregar una gran cantidad de equipo de alta tecnología para frenar la entrada ilegal de inmigrantes. Las cifras muestran una historia irrefutable: en el último año presupuestal, la Patrulla Fronteriza arrestó aproximadamente a 327.000 personas en la frontera con México. En 2006, los agentes realizaron más de un millón de arrestos de este tipo.
El gobierno del presidente Obama también deportó una cifra récord de personas el año pasado, cerca de 400.000, y el gobierno ha estado cambiando de enfoque para encontrar y deportar a inmigrantes delincuentes y a aquellos que de alguna manera representan una amenaza a la seguridad nacional.
Hay espacio para el debate sobre lo que ha llevado a una marcada disminución en el número de arrestos: Resulta claro que las complicaciones económicas han restado atractivo a la idea de ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Aun así, los republicanos insisten menos en que cualquier cruce por la frontera sin autorización legal es demasiado. Y hay un consenso en que la frontera debería ser más segura.
En cuanto a los inmigrantes que ya viven en territorio estadounidense sin autorización legal, no existe una respuesta sencilla lo que se debe hacer.
En 1986, en el gobierno del entonces presidente Ronald Reagan, el Congreso aprobó una amnistía que otorgó estatus legal a millones de inmigrantes al tiempo que modificaba la ley para hacer ilegal la contratación de inmigrantes que no contaran con autorización para estar en el país.
Esas contrataciones han continuado en muchos sectores, sobre todo la agricultura. Y algunos legisladores se muestran preocupados de que ese sector se hunda en caso de que se realice un esfuerzo agresivo para verificar que todos los trabajadores agrícolas tienen permiso para laborar en Estados Unidos de manera legal.
Varias mejoras a la política migratoria han sido propuestas desde principios de la década de 2000. Pero el debate suele reducirse a los republicanos deseando reforzar la seguridad en la frontera antes que nada y los demócratas presionando por esa seguridad y por crear un mecanismo para la legalización al mismo tiempo. El resultado ha sido un estancamiento legislativo.