Y a las carreras, los diputados se consiguieron aprobar la actualización tributaria que el gobierno acariciaba desde hace un tiempo, y con ello, ahora la agenda en el Congreso de la República se puede estancar el tiempo que se le venga en gana a las bancadas que quieran interpelar Ministros bajo cualquier excusa.
Obviamente, buena cantidad de ciudadanos, considero, esperábamos que la discusión y aprobación de ese paquete se hiciera de una forma más abierta y, que tomara en cuenta la prioridad de otros aspectos de la misma relevancia que el incremento de impuestos, como es la forma en que el gobierno espera utilizarlos.
Sin embargo, no fue así. Y por lo pronto, se percibe que el Congreso nacional, al igual que el parlamento griego, que según el diario El País, de España, está “divorciado de las calles”, no ha puesto atención a lo que los ciudadanos demandan. Y eso era, primero transparencia y luego más recursos.
El tema fiscal, siempre despierta las más bajas pasiones del ser humano, en primer lugar, porque quienes tributan, estarán siempre en guardia, para que quienes conducen el Estado, puedan acceder lo menos posible a sus bolsillos.
Y quienes están al frente del gobierno, manejando sus negocios, la perspectiva que nos han dado siempre es que querrán hacer fortuna sin poner un centavo.
Si bien es cierto, que el gobierno necesita suficientes recursos para cumplir con las obligaciones que la Constitución le delega, también es que se deben buscar la mayor parte de consensos no sólo con los sectores productivos, sino también con los demás que resultan afectados por su actuar.
El Presidente dijo en algún momento que, de no ser aprobada la reforma fiscal, tendría que recurrir a más endeudamiento, cosa que tampoco resulta fácil de manejar, pues según algunos analistas, Guatemala, desde el punto de vista de los ingresos tributarios, ya no tiene capacidad de pago.
Por lo tanto, la reforma a los tributos se hacía imperativa desde hace mucho tiempo, pero también, lo que es urgente, es encontrar la manera de desterrar del aparato estatal a quienes aprovechando su posición, o más bien, quienes financiaron campañas y luego se hacen con grandes negocios, deban salir de esa estructura por el bien de las finanzas gubernamentales.
Es decir, que también esperaríamos que en el corto plazo, el nivel de deuda pública, si no baja, por lo menos se estabilice en el nivel actual, aunque quizá parezca difícil, porque los ingresos que genere la reforma es posible que ni siquiera alcancen para cubrir las necesidades sociales que tiene el país.
El Congreso, de la mano con el Ejecutivo, esta vez nos dieron muestras que a lo urgente se le puede dar la atención del caso, pero también es indispensable que a lo importante, como es el destino que tendrán los nuevos ingresos, se detallen con la mayor transparencia del caso.
También, en los próximos días, deberán mostrar a la población que los consensos que se pueden alcanzar a los más altos niveles, para aprobar rápidamente medidas como estas, son también alcanzables dentro del mismo Ejecutivo, para que la coordinación que deba tener cada Ministerio o Secretaría, como en el caso del programa Hambre Cero, se realice sin tropiezos y con las exigencias de urgencia nacional que el tema requiere.
Los recursos, entonces, estarían. Falta ahora ver cómo el gobierno los traducirá en bienestar para la población.