Narra la Sra. Fernández que el mencionado señor Hernández se mostró incómodo con la avalancha de preguntas (no indica preguntas de quién o quiénes). ¿Por qué se les acosa a ellos, cuando no es su responsabilidad detener el robo de celulares? Remata la Sra. Fernández refiriéndose al Sr. Hernández: Lo suyo es atizar las ventas de minutos de comunicación, inyectarle dinamismo al mercado, mantener a los usuarios conectados (mientras ellos se hacen ricos, claro está). La Sra. Fernández tiene razón, pero… el Sr. Hernández también la tiene. A las empresas telefónicas efectivamente les importa un rábano que les roben los teléfonos a los usuarios, aunque medie la vida y, las empresas telefónicas no son las encargadas de la seguridad pública, como asevera la Sra. Fernández que dijo el Sr. Hernández. Tiene razón también la Sra. Fernández al mencionar que existe la ley que obliga a las compañí­as telefónicas a registrar los aparatos robados (Decreto 09-2007 del Congreso de la República) y que sospechosamente lo ignora el Sr. Hernández. Lo que escapa a la Sra. Fernández es que lo más probable es que el Sr. Hernández prefiera ignorar la ley, porque entonces las ventas de teléfonos móviles nuevos y el consumo de segundos y minutos bajarí­an en niveles cuantitativos. Estas cosas se esperan de industriales y comerciantes inescrupulosos, que son gran cantidad en Guatemala, quienes actúan amparados por la más grande y descarada impunidad, sin que haya alguien que los ponga en orden. Creo que esto no escapa a la Sra. Fernández. Mientras más teléfonos roben los criminales, más teléfonos nuevos deberán comprar los usuarios; pero lo más importante serí­a que las ventas de segundos, minutos y horas de consumo de aire (literalmente) se multiplican con cada robo, en virtud de que la gente que compra celulares robados -extorsionistas dentro de éstos- también consumirá segundos, minutos y horas cada año, lo cual, aunque el lector no muy lo crea, es altamente significativo y representa millones de dólares anuales para las empresas telefónicas. Es un juego en el que todos los delincuentes ganan y el perdedor es, generalmente, el guatemalteco trabajador y honrado, quien en muchas oportunidades pierde la vida ante el nerviosismo y/o la desesperación del delincuente que lo atraca con arma de fuego o arma punzo cortante. La pérdida anticipada de la vida, por homicidio, de un guatemalteco honrado representa grave problema socioeconómico para Guatemala, debido a que probablemente deje viuda, huérfanos u otra familia y la formidable zaga de secuelas que vienen a raí­z de esto. Las empresas telefónicas son copartí­cipes del baño de sangre por el que atraviesa Guatemala en estos álgidos momentos de su historia, sin importar el conocimiento o desconocimiento de las leyes que tenga Sergio Hernández, presidente de la Gremial de Telecomunicaciones y la caterva de accionistas y ejecutivos de las compañí­as. Ellos tienen en sus manos iniciar el amortiguamiento del impacto de la criminalidad en Guatemala.