El Gobierno había notificado la decisión de implementar el cambio de hora todos los años y el Ministerio de Energía y Minas hasta planteó que haría un esfuerzo de coordinar con los otros países de la región con el fin de que se uniformara la política y que la misma fuera de carácter permanente para que se pudiera concretar un importante ahorro en el uso de combustibles para la generación eléctrica. Los estudios venían del gobierno anterior pero fueron impulsados con todo entusiasmo por el ministro Meany desde que tomó posesión del cargo.
Sin embargo, ayer el presidente Colom anunció que la medida quedaba sin efecto y que no habrá adelanto de la hora como se había afirmado previamente. La razón es que en el país priva un clima de inseguridad de tal calibre que el Gobierno siente que al adelantar la hora compromete la vida misma de los habitantes de Guatemala porque no existen mecanismos para garantizarles su seguridad si tienen que desplazarse en la oscuridad.
En otras palabras, las políticas de Estado, como se supone eran las de establecer para siempre el cambio de hora durante los meses de abril a septiembre, tienen que ser abandonadas por culpa de la violencia que nos tiene literalmente de rodillas y que coloca al Gobierno en posición de que sus decisiones tienen que revisarse porque la violencia no permite su ejecución.
Cuando un Estado tiene que reconocer que no es capaz de impulsar políticas porque la violencia se lo impide, estamos dando un paso más hacia esa triste condición que nos coloca al borde mismo del fracaso institucional absoluto. Y debe haber sido un trago muy duro para el presidente Colom admitir que el papel que desempeña el crimen en el país es de tal calibre y magnitud que obliga a su gobierno a retroceder en políticas que, se supone, habían sido adoptadas luego de los correspondientes estudios.
Al margen de la simpatía o antipatía popular por el adelanto de hora, la verdad es que renunciar a esa decisión porque no se puede garantizar la seguridad ciudadana es el reconocimiento del fracaso de las instituciones en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Y coincidió el anuncio con una jornada violenta en la que mataron a otros trabajadores del transporte colectivo y también a una funcionaria del Ministerio Público y al Presidente de los panificadores agremiados.
Sigue la seguridad siendo la agenda pendiente para los guatemaltecos, con el agregado de que ahora la cuestión de los precios se suma como una grande y compleja complicación que afecta la vida de la mayoría. Ni uno ni otro son problemas creados por el gobierno actual, pero a ambos les tiene que buscar solución.