Posee la virtud para inclinarse a otorgar a cada uno lo que corresponde. Equidad, imparcialidad, neutralidad, probidad, el ideal de la justicia es ambicioso, sin embargo, en Guatemala se cuestiona si su aplicación se acerca a estas ideas.
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Constantemente son planteadas demandas sociales que reclaman por una supuesta «parcialidad» en la aplicación de justicia en el país.
Expertos en derecho aseguran que la dirección de la política criminal y de la aplicación de justicia se ven influidas por quien está a cargo de administrar las instituciones del Estado que poseen ese mandato.
Dos casos que, según abogados, evidencian ese hecho, son los que giran alrededor de las empresas: Montana Exploradora y Cementos Progreso, cuyas acciones han generado oposición social, que ha concluido en la persecución penal de decenas de miembros de distintas comunidades.
Caso Montana
El 12 de junio último, Boris Méndez Ríos, fiscal distrital de San Marcos, solicitó la orden de captura al juzgado regional contra Gregoria Crisanta Pérez Bámaca, Crisanta Hernández Pérez, Patrocinia Mateo Mejía, Catalina Pérez Hernández, Olga Bámaca González, María Díaz y Marta Pérez, por el delito de usurpación agravada.
La solicitud de captura refiere que «el Gerente General y Representante Legal de Montana Exploradora de Guatemala, S. A», presenta denuncia en contra de Pérez Bámaca, residente del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, porque el día 11 de junio de 2008 suspendió el servicio de energía eléctrica «mediante un cable de alambre el cual lanzó sobre el tendido eléctrico».
El documento agrega que Pérez Bámaca «bajo amenazas indicó que nadie se acercara al lugar donde se encuentra el poste dentro de su terreno, caso contrario que se atuvieran a las consecuencias».
El MP acusa de usurpación agravada a un grupo de mujeres porque «no permitieron ingresar al inmueble, manifestando que este era propiedad privada y que todas eran herederas; y en forma violenta y con palos en las manos insultaron al personal del MP y agredieron a agentes de la Policía Nacional Civil, vedando el acceso al inmueble».
El juzgado de San Marcos autorizó, de inmediato, las órdenes de captura; aprehendiendo pocas horas después a Pérez Bámaca, por lo que la defensa de las pobladoras del citado lugar planteó un recurso de reposición, el cual fue declarado «sin lugar» por esa judicatura.
Ante la última resolución, fue presentado un amparo en la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango, la cual «no otorgó» el amparo provisional, indicando: «Espérese a que obren los antecedentes en esta sala para resolver», por lo que fue presentado un ocurso de queja ante la Corte de Constitucionalidad, el cual a la fecha no ha sido resuelto.
Diligencia en favor de minera
Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú y defensor de Pérez Bámaca, opinó, en general, que «basta con revisar el tiempo en el que se resuelven las peticiones de las partes en un proceso para que se encuentre que el trato y el fundamento del derecho es desigual.
«Hubo una actitud muy diligente, en particular del MP, cuando la empresa minera hizo las peticiones del caso; y eso es muy positivo porque es lo que se espera; sin embargo, cuando se trata de denuncias de requerimientos de las personas más vulnerables, de escasos recursos o que denuncian los estragos de la explotación mineral, la actitud es al contrario; entonces no se cumple con la Ley», declaró el jurista.
Morales, indicó que no existe un dato puntual de casos en los que se vea esa «desigualdad de la justicia», no obstante, a nivel general manifestó que las personas provenientes de las comunidades indígenas, de escasos recursos o familiares y testigos de genocidio y delitos contra la humanidad son las menos favorecidas con un sistema de justicia, ineficiente y parcial.
El jurista agregó que las pruebas presentadas contra las y los campesinos que han sido enjuiciados por «violar los intereses de las empresas», son testimoniales y de trabajadores de esas entidades, por lo que «no han sido imparciales», indicó.
Maritza Ruiz, gerente de Comunicación de la Empresa Minera Montana, indicó no tener a la mano las delaciones que esa empresa ha interpuesto contra miembros de las comunidades.
La portavoz de Montana solicitó a esta Redacción que se le enviara por medio de correo electrónico el cuestionario de preguntas por los anteriores casos, el cual fue remitido de inmediato sin obtener respuesta de parte de ella.
Análisis
Javier Monterroso, director de Incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), confirmó esa tendencia y citó de inmediato el ejemplo de San Juan Sácatepéquez donde fueron capturados y enviados a prisión 43 campesinos que se pronunciaron en contra de la construcción de una cementera en esa región.
El analista consideró que en ese instituto sí han percibido esa propensión de la justicia y comparó esa clase de hechos con los delitos de evasión fiscal, los cuales, «son escasamente perseguidos y sancionados», indicó.
«La política criminal, como otras políticas del Estado; no son ingenuas. Los encargados de aplicarlas tienen una importante función en orientarlas objetivamente, como fue el caso del Fiscal General Anterior (Juan Luis Florido)», declaró Monterroso, y añadió que «es lógico que los casos denunciados por las empresas avancen más, porque se tiene un componente de clase y de orientación política en el MP de perseguir más a la gente que protesta», afirmó.
Según el IECCP una gran cantidad de casos sobreseídos o cerrados en los tribunales, a petición del MP, son contra empresas.
Monterroso mencionó otro aspecto: «Los fiscales persiguen a los representantes legales y no a los dueños o accionistas de las empresas», además, apuntó que tampoco existen sanciones contra las entidades privadas.
Sin embargo, la tendencia de la justicia, a favorecer a los grupos económicamente poderosos es un hecho que se da en muchos países de América Latina, según afirmó el entrevistado.
Si llegara a probarse que los fiscales actúan por dinero podrían iniciarse acciones por el ilícito de cohecho e incluso incumplimiento de funciones; el analista del IECCP consideró que la política criminal «subterránea» se evidencia de forma personal en cada fiscal, «en el interés a determinada empresa, por lo que no hay un tipo penal sino una influencia innata sobre la justicia», enfatizó.
Desde el MP
Consultados varios fiscales sobre ese tema, cuya mayoría prefirió el anonimato, coincidieron en que la institución a cargo de la persecución penal actúa apegada a derecho; no descartaron la exigencia de Florido en los «casos de alto impacto».
Jorge Luis Donado, titular de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y quien abrió el primer caso de «terrorismo» en el país contra varios opositores de Cementos Progreso, refirió que Florido «manejaba su postura como fiscal, pero no había coacción para que se hiciera algo distinto a lo que se debía hacer».
El fiscal, quien ayer dejó el cargo, indicó que en los casos expuestos «se maneja la perspectiva de cada abogado defensor», y añadió que la fiscalía que coordinó «pidió capturas contra varios empresarios», muchas de las cuales no se ejecutaron.
El fiscal opinó que las medidas de coerción otorgadas a algún procesado, «no son culpa del MP o de los jueces, sino del sistema de justicia», comentó.
«Para nosotros es frustrante que después de pasar un año siete meses prófugo, un banquero (Eduardo González Rivera) aparezcan libre y tranquilamente se vaya con una caución económica», dijo el investigador.
El conflicto entre los proyectos de la empresa Cementos Progreso y los pobladores donde se busca instalar una sucursal cementera se han dado en más de una oportunidad.
La Asociación de Abogados Mayas ha acompañado varios casos que se han derivado de acciones directa o indirectamente emprendidas contra los miembros de las comunidades. Una de ellas fue la consulta comunitaria de San Juan Sacatepéquez, la cual tuvo lugar en esa región el 13 de mayo de 2007 y fue apoyada por las 12 comunidades que integran el municipio.
La consulta popular se realizó con el fin de conocer la opinión de los vecinos sobre la intención de la empresa cementera de instalar una planta en el lugar; y el resultado, según datos de la Asociación de Abogados Mayas, fue de 8 mil 936 votos en contra y cuatro a favor.
La consulta puso de manifiesto el rechazo colectivo a la instalación de la cementera en ese territorio, pero también ocasionó el inicio de la persecución penal contra los líderes comunitarios y los miembros de la Organización de juristas.
Otros datos de la Asociación de Abogados Mayas refieren que 15 opositores del referido proyecto han sido asesinados este año; 43 pobladores fueron enviados a prisión y en total han sido procesados casi un centenar de pobladores de San Juan Sacatepéquez.
Amílcar Pop, director de la Asociación de Abogados Mayas, ha sido blanco de amenazas e intimidaciones recientemente.
María Olga Rosales, gerente de Comunicación de Cementos Progreso, negó que esa empresa haya emprendido alguna demanda contra los opositores a esos proyectos.
Rosales añadió sobre la consulta popular que «fue realizada sin el apoyo de las autoridades locales y debe cumplirse con los requerimientos de la Municipalidad para llevarla a cabo esta actividad».
La comunicadora agregó: «Algunas personas se acercaron a comentarnos que la consulta se había llevado a cabo bajo algún tipo de amenaza o intimidación a la comunidad y que varias personas habían sido obligadas a asistir y manifestar su oposición al proyecto por eso no consideramos que sea una consulta válida», afirmó.
Estuardo Galeano, director del írea Jurídica del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) opinó sobre lo antes expuesto que el sistema de justicia debe implementar las normas necesarias que hagan que prevalezca la igualdad en la resolución de un conflicto, sin inclinación a intereses económicos, «como pareciera inclinarse la balanza de la justicia», declaró.
El entrevistado citó: «En la mayoría de casos parece que la justicia es como las serpientes que sólo muerde a los que tienen los pies descalzos».
Galeano consideró que la gestión de Florido al Frente del MP se caracterizó porque «los procesos iban caminando muy lentos», e hizo especial énfasis en los crímenes del pasado.
Respecto a la persecución penal contra los opositores de las mencionadas empresas, el analista apuntó que «se criminalizó a los movimientos sociales» y dijo que los estudios de impacto ambiental «demuestran que hay una razón real de una oposición por parte de la población a esos proyectos», puntualizó.
Al jurista le pareció exagerado que se tipificara, en más de una oportunidad, el delito de terrorismo contra campesinos que «expresaban resistencia pacífica» y recomendó la depuración del MP, Policía Nacional Civil y Organismo Judicial.