Ahora que nos quieren hablar de mitos y realidades, es bueno decir que la realidad de nuestro país no ha cambiado absolutamente en nada y que el nuestro es un sistema diseñado para alentar la corrupción, el golpe pícaro y artero que permite el enriquecimiento no sólo ilícito, sino además impune. Es un sistema que se nutre no sólo de la ambición de los políticos que participan para ver qué sacan, sino también de la voracidad de empresarios que aprendieron a jugar bajo las reglas del soborno, del sobreprecio y la oferta de mamarrachos porque ya se dieron cuenta que en Guatemala, el Estado aguanta con todo.
El mito es suponer que con un cambio de gobierno cambian las reglas del juego y se termina la corrupción. Fue el mito que se hizo evidente cuando tras el régimen de Portillo se eligió a Berger y es el mismo mito que ahora, tras Colom, se evidencia con Pérez. No es cuestión de nombre, sino cuestión de principios y en eso no hay en realidad diferencias sustanciales. Cambia únicamente el estilo y mientras unos son buenos para dar cajonazos y embolsarse el dinero del erario, otros son más sofisticados y contratan abogados expertos en hacer aparecer como lícitos los negocios más turbios.
La realidad es que se enajenan los bienes del Estado sin transparencia y con absoluto descaro en éste y en todos los gobiernos. No es únicamente la telefónica y el puerto. Son los bienes que se traspasan para beneficio de los militares jubilados, los bienes que se regalan a una universidad ultracatólica y ultraconservadora como si fueran bienes del Presidente y no bienes de la Nación.
El mito es que todo es legal, porque los abogados que se contratan se encargan de diseñar los negocios de forma tal que se puedan evadir controles, evadir fiscalizaciones de cualquier tipo y porque al final basta con que los políticos se revistan del cuero de danta para aguantar unos cuantos días el chaparrón de la opinión pública.
Y luego el Presidente se llena la boca diciendo que si le demuestran algo detiene el negocio, pero por lo visto no ha leído ni ha escuchado todo lo que se ha dicho porque la ilegalidad es evidente.
La realidad es que es un negocio burdo, un negocio diseñado y fabricado al gusto del cliente por abogados expresamente seleccionados para fraguar el trinquete.
El mito es querernos ver la cara de papos a los ciudadanos, dando ropaje de legalidad a lo que es intrínsecamente indecente y ellos lo saben a la perfección desde que lo planificaron. El mito es decirle usufructo a una concesión como la del puerto, pero en este país el mito vale más que la realidad.
Minutero:
No existen causalidades
en negocios del Estado;
la corrupción nunca ha mostrado
más mitos que realidades