El miedo a sufrir a una represalia y la desconfianza en el sistema judicial cimientan el muro que limita el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de la violencia de género. Aunque crece el número de denuncias, los más de 44 mil casos registrados en el Ministerio Público aún no reflejan plenamente una realidad que se esconde dentro de los hogares guatemaltecos, pero que es conocida en todas sus expresiones. ¿Por qué no todas las mujeres no denuncian y dan el primer paso contra la impunidad?

Salir de la casa para interponer una denuncia de violencia intrafamiliar no es tan fácil como parece. Así lo explican activistas por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, quienes coinciden en que aún existen fallas en el sistema judicial que impiden un pleno acceso a la justicia para quienes sufren violencia doméstica.

La inseguridad, que hace a las denunciantes vulnerables ante las represalias de sus agresores y la desconfianza en el aparato de justicia son las fallas que hacen la diferencia entre denunciar o no, y determinan si los casos de violencia de género permanecen en la impunidad o son resueltos en los tribunales. En ese marco, no todas las mujeres no dan el primer paso en el proceso.

Irma Chacón, coordinadora del Refugio de Alto Riesgo de la Fundación Sobrevivientes –que atiende a mujeres víctimas de la violencia–, indica que la creación y aplicación de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer significó una avance importante en la justicia con enfoque de género.

Sin embargo, considera que el abordaje del problema necesita un enfoque más integral, que contemple los escenarios reales a los que están expuestas las mujeres que sufren agresiones, como su situación de vulnerabilidad.

Aunque la misma ley manda la creación de los juzgados y ya hay operaciones en ese sentido, se necesita un proceso de capacitación constante en toda la cadena de justicia para que los operadores entiendan las implicaciones que tiene una denuncia en la persona agredida, y que además se enfrenta a un ambiente hostil.

“No solo es el hecho que por atender mujeres tenemos un enfoque de género, sino que tenemos que tener también toda la conciencia o sensibilidad para comprender las situaciones sociales que las mujeres tienen para poder acompañarlas y apoyarlas en su proceso”, asegura Chacón.

“Lo que hemos avanzado con la ley, de alguna manera, han sido mejores condenas, procesos condenatorios, que eso ya es bastante; y mayor conocimiento a nivel de la sociedad, que lo de la violencia puede terminar en femicidio, la violencia si no tenemos la agudeza de la prevención y del acompañamiento”, agrega.

Para la activista Sandra Morán, la aplicación de la Ley contra el Femicidio ha contribuido a la persecución del delito, pero no es suficiente para prevenirlo, ni ofrece garantías para denunciarlo.

La prevención del delito de violencia trasciende el marco y el sistema de justicia, lo que implica cambios en las relaciones de poder, implica cambios en pensamientos, costumbres, ideologías, “son cambios más profundos, que no solamente dependen de política pública de ley, sino también de cuestionarnos personalmente a nosotros mismos como nos estamos relacionando”, asegura Morán.

LO QUE LAS RODEA
*Sonia pensaba que si un día llegaba a denunciar las agresiones de su esposo y su cuñado difícilmente podría volver a ver a sus hijos, pues la amenazaban con separarla de ellos, e incluso temía que pudiera ser blanco de un atentado como represalia.

Así intentó ocultar las marcas de los golpes en su cuerpo durante más de cinco años, hasta que la violencia física trascendió hasta su mente y llegó a un punto insostenible. Había llegado la hora de tomar una decisión contundente.

“Sabía que algo tenía que hacer. Pensé en quitarme la vida, porque estaba desesperada. Por suerte, tuve gente cerca que me acompañó y me aconsejó para no tomar una mala decisión (…)”, contó durante una jornada de autoayuda en una organización de mujeres.

Sonia explicó que consiguió información sobre la asistencia legal, económica y psicológica de un grupo de mujeres que trabajan contra la violencia de género.

“Pude refugiarme con mis hijos en un lugar seguro, con todos los servicios garantizados, y además me ayudaron en cada paso para interponer la denuncia contra mi marido; de otra forma no me hubiera animado, porque ya no podía estar en mi casa”, explica la víctima, más de cuatro meses después de interponer la denuncia.

El caso evidencia los problemas expuestos por las activistas, quienes consideran que para una mujer es “imposible” denunciar a un victimario si continúan en contacto con su entorno hostil y sobre todo, en una relación de dependencia económica y psicológica.

Las mujeres que no denuncian las agresiones de las que son víctimas, en su mayoría, no tienen los recursos ni las capacidades para alejarse de su agresor, lo que complica que su caso llegue a los tribunales de justicia, o por otro lado, creen que el sistema judicial no actuará de forma imparcial en su causa, explican las activistas.

El Ministerio Público reportó el año pasado 44 mil casos de violencia contra la mujer, lo que supone un avance notorio en el número de denuncias si se comparan las cifras en relación a los años anteriores, pero también deja ver que todavía hay un subregistro de actos de violencia y no se refleja el problema en su justa dimensión.

EXPRESIONES DE VIOLENCIA
Para Amalia Mazariegos, de la Unidad de Atención a la Víctima del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), entre las causas del femicidio, la más importante es el entorno cultural machista en Guatemala y las relaciones desiguales y verticales de poder entre hombres y mujeres.

Las investigaciones han revelado muchas causas de la violencia de género, sin embargo la información que se puede dar en concreto a partir de las denuncias de las sobrevivientes de femicidio, es que el origen de la violencia está en “la separación” de pareja –que el hombre no tolera– y las responsabilidades que devienen de la separación –que se lleven a sus hijos, que les pidan pensión alimenticia o que tengan ellas una nueva persona en sus vidas–, asegura Mazariegos.

El asunto va a depender de cualquiera de estas causas, que son las específicas y las contadas por las sobrevivientes de la violencia. “El antecedente es que fueron víctimas de violencia y que se separaron”, agrega.

Morán asegura que también existe la violencia estructural y la violencia institucional, que pueden estar ejercidas por hombres desde las institucionalidades que tenemos.

Ejemplo de ello es en el sistema de justicia, que son ejercidas por hombres, pero desde un marco institucional, o la violencia ejercida por la policía o el ejército.

Chacón agrega que “la violencia sexual” es otro serio problema en Guatemala, pues en el entorno machista, muchas mujeres se ven obligadas y presionadas a mantener relaciones sexuales con sus parejas, aún contra su  voluntad, “y muchas entienden que eso también es una agresión”.

“Creen que ellos tienen derechos sobre ellas a nivel sexual, entonces es poca la identificación que se tiene en cuanto a la violencia sexual dentro de la pareja, porque muchas veces tienen relaciones sexuales a la fuerza con los esposos o con los compañeros de vida”, dice. Esta es una de las violencias que visualizan con menos agudeza las mujeres, porque se percibe dentro del límite normal.

Otra de las violencias que está soslayada, es la violencia psicológica. “Esto tiene mucho que ver con toda la construcción de género que se tiene en la sociedad, de que la mujer no es valorada y desde el estrato de la familia, muchas veces no se le brinda esa confianza o ese valor a la mujer, entonces ella considera igual que la maltraten o que le digan tonta o fea, “es otra de las violencias que pocas veces ellas la visualizan”, refiere Chacón.

Las expertas coinciden en que los avances en la justicia en los casos de género, aunado al apoyo hacia las víctimas de las organizaciones sociales y el entendimiento pleno de la violencia hacia la mujer podrían coadyuvar a que más mujeres se atrevan a dar el paso para llevar sus casos de la casa a la justicia.