Cada vez son más los exfuncionarios de Estado que pasan de los burós a los tribunales por su presunta implicación en delitos e irregularidades en la administración pública, mientras que hace una década se consideraba imposible que, a pesar de que existieran señalamientos en su contra, llegaran a ser indagados o procesados. Ahora, la justicia alcanza a los políticos, y aunque muchos todavía son intocables en el sistema por privilegios o falta de pruebas para juzgarlos, ya existen precedentes en el combate a la impunidad de alto nivel.

El expresidente Alfonso Portillo, el exministro Raúl Velásquez, el exdiputado y expresidente del Congreso Eduardo Meyer o recientemente Marlene Blanco Lapola, otrora directora de la Policía, son solo algunos de los funcionarios que han puesto los pies en los tribunales de justicia, en el marco de las investigaciones realizadas en su contra por presuntos delitos o irregularidades cometidas en su gestión pública.

El panorama de la justicia en este tipo de casos parece evolucionar, pues años atrás era imposible que políticos y exfuncionarios pusieran los pies en la Torre de Tribunales, en calidad de acusados o indagados, incluso cuando había indicios que daban lugar a las imputaciones en su contra.

Algunos expertos analizan el fenómeno como resultado de la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y otros lo ven como consecuencia del mejoramiento del sistema de justicia en el país, pero todos coinciden en que, a pesar de los avances, la sombra de la impunidad todavía protege a algunos grupos de poder, a los que se considera “intocables”.

MAL DE TODOS

“En todos los gobiernos se han señalado serios hechos de corrupción”, entre otros delitos, señala Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, quien considera que estos males “han dejado muy mal al Estado guatemalteco, debilitando su estructura y minado su legitimidad”.

“Creo que buena parte de lo que hoy somos en el país se debe a que el Estado ha sido mal utilizado y que muchos funcionarios públicos no han servido, sino se  han servido del poder”, indica.

No obstante, el analista también reconoce los avances en la justicia para este tipo de casos, que están sentando precedentes en el combate contra la impunidad, aunque a su criterio, todavía requieren de más esfuerzos para llevar a los mandatarios estatales ante los tribunales.

“Es sumamente vital que se den los recursos financieros necesarios para que el Ministerio Público y toda la cadena del sector justicia realmente tenga todas las herramientas necesarias  para combatir la corrupción y todos esos actos ilícitos que se dan en la situación pública”, señala Canteo.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, considera que los avances se deben en  gran parte al apoyo de la CICIG. “Cuando Castresana empezó a acusar funcionarios, fue parte de un gran impacto, pues se vio que sí era posible llevarlos a la cárcel y luchar contra la impunidad”, señala.

Pero aunque se conocen casos de exfuncionarios tras las rejas, todavía queda trabajo por hacer, dice Mack, porque “quienes han conocido el Estado y saben todos los trucos de este, hacen sus hechos sin dejar huella, y de ahí la importancia del tema de la transparencia y la mejor manera es ir fortaleciendo las instituciones”.

A criterio de Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, “es un avance que el sistema de justicia esté ahora ocupándose de eso (procesos contra funcionarios), y no solamente de los eslabones más débiles de toda la cadena criminal o de corrupción que puede existir en el ejercicio del poder público”.

“Es algo que todavía tenemos que trabajar para que haya más independencia, para que las autoridades de justicia vayan obteniendo más autonomía en el poder público, económico político y militar” agrega

“LOS INTOCABLES”

Cinthya Fernández, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, opina que se están acabando los privilegios para grupos que antes ostentaban el poder, y se les consideraba “intocables”.

“Estamos pasando a otra etapa; una en la que los funcionarios como servidores de la población, ya no están subidos en un pedestal en donde nadie los puede alcanzar, y al contrario, están en nuestro mismo nivel; ahora las cosas ya no se pueden solapar tan fácilmente”, indica.

En contraste, el analista Carlos Vega señala que sí hay cambios en torno a los privilegios, “en el sentido de inmunidad ante la justicia”, pero cree que los privilegios económicos y políticos no han cesado.

“Los privilegios de los funcionarios siguen, y me atrevo a decir que hasta están aumentando. Vea sus sueldos y la cantidad de prebendas que tienen, pero a la par también está funcionando la ley en Guatemala, e indudablemente ha influido que tengamos el apoyo de la CICIG, pues es un órgano profesional sin compromisos políticos, con un respaldo internacional”, puntualiza.

Ibarra opina que todavía hoy, cuando se descubre un caso de corrupción o cualquier otro delito cometido en el ejercicio de funciones públicas, dependiendo de quién sea el personaje, las investigaciones pueden avanzar.

“Se puede formular un caso penal, pero si el funcionario tiene mucho poder es más complicado. Dependiendo de qué funcionario se trate, dependiendo de qué tantas conexiones y peso político tenga, de esa manera va a avanzar o no el caso en contra”, agrega.

Ibarra opina que de los exfuncionarios que han llegado a la cárcel o han sido involucrados en investigaciones, la mayoría han sido parte de los eslabones más débiles, que han perdido poder o nunca lo tuvieron, o que dentro de los delitos cometidos, solo tuvieron una función de intermediación; sin embargo, los verdaderos autores intelectuales, los que manejan las cadenas de corrupción y de criminalidad en el poder público, “aún son intocables”.

“Hay quienes hacen negocios a la sombra del Estado y muchas veces esos negocios no necesariamente son ilegales, pueden  ser amorales, porque abusaron del poder, porque hicieron uso del poder, porque estaban en la posición de poder hacerlo, pero la ley no lo prohíbe. En ese caso es más bien un uso amoral del poder público para hacer negocios”, indica Ibarra.

Además, existe otro grupo, que involucra a los que hicieron los negocios que eventualmente podrían sufrir sanción penal, pero cubrieron todos los rastros que les permitirían a las autoridades llegar a ellos. “No dejan rastros porque ejecutan el presupuesto de la nación vía fideicomisos y ONG,  no sólo no lo controla la Contraloría General de Cuentas, sino que nadie lo controla, es espantoso, son fuentes de corrupción de impunidad, fuentes para que los funcionarios públicos consigan rehacerse económica y políticamente” afirma Vega.

Mack resalta que si se pudiera seguir la huella del dinero de alguien con señalamientos, no habría ningún problema y las investigaciones serían más eficaces, pero “mientras exista el secreto bancario habrá muchos obstáculos en las investigaciones, porque no se le puede dar seguimiento a los ingresos de procedencia dudosa”.

DESAFÍOS

Canteo, desde un punto de vista jurídico-penal, opina que es fundamental regular de mejor forma la Ley de Antejuicio, porque a su criterio las investigaciones sobre los ilícitos deben iniciar en los cargos públicos, y no cuando los funcionarios dejan sus puestos.

“No hay manera de luchar contra aquellos funcionarios que en el ejercicio de su función comenten actos de corrupción, que regulando de mejor manera el antejuicio” opina.

Mientras tanto, Ibarra sugiere que se deben fortalecer las instituciones de justicia y la capacidad operativa de los jueces, principalmente su independencia, además de garantizar la imparcialidad.

 “Es indispensable restar espacio a  los grupos que se han organizado alrededor de la elección de funcionarios con el fin de incidir en los nombramientos, en la elección de funcionarios para luego pasar factura”, puntualiza.