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De la Calle dijo en un pronunciamiento antes de partir a La Habana para una nueva ronda de negociaciones con las FARC que si los insurgentes no quieren llegar a un acuerdo definitivo «que nos lo digan de una vez para no hacerle perder el tiempo al gobierno y a los colombianos».

«No habrá cese al fuego… La orden del presidente (Juan Manuel Santos) a la fuerza pública es seguir persiguiendo a las FARC en todo el territorio nacional», dijo De la Calle.

Si «las FARC no le ponen la cara a sus víctimas este proceso no tiene ninguna posibilidad», destacó el jefe negociador. «Y la señal que están mandando con este secuestro es todo lo contrario de lo que deberían estar haciendo», aseguró De la Calle al leer el pronunciamiento sin aceptar preguntas de la prensa en la casa de gobierno.

Las autoridades atribuyen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) la retención de dos agentes policiales el 25 de enero en una zona del suroeste del país.

Al final de la jornada el comandante de las fuerzas militares, general Alejandro Navas, dijo que investigaban reportes del secuestro de tres ingenieros en una zona del suroeste colombiano.

«Estamos investigando, están los comandantes regionales detrás de ese hecho y todavía no tenemos resultados», dijo Navas en declaraciones divulgadas por la emisora RCN.

Arelly Isairias, personera o representante de la Defensoría del Pueblo en la localidad de Piamonte, en el departamento de Cauca y a unos 450 kilómetros al suroeste del país, dijo que los reportes que recibieron fue que en la jornada cerca de las 9am (14GMT) tres hombres armados que se identificaron como miembros de las FARC detuvieron un auto en la vía entre Piamonte y El Jardín, una zona rural, y se llevaron a tres ingenieros colombianos.

Los reportes fueron dados por el chofer del auto quien fue dejado libre, agregó la personera en diálogo telefónico.

Indicó que los tres ingenieros trabajan como contratistas para la firma Gran Tierra Energy, con sede en Calgary, Canadá, que explota al menos 19 bloques petroleros en distintas zonas de Colombia, entre ellos dos campos en Cauca, según datos de su página de internet.

El jefe de la delegación negociadora salió así al paso de un comunicado emitido la víspera por los insurgentes en el que afirmaron que se comprometieron el año pasado a detener los secuestros de carácter económico pero que se reservan «el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate».

Para De la Calle, «las cosas hay que llamarlas por su nombre, un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima. Las FARC tendrán que responder por este hecho como por todos los miles de secuestros que han cometido».

Advirtió que los guerrilleros » se equivocan radicalmente si piensan que con acciones de este tipo van a obligar al gobierno a un cese del fuego bilateral. Eso sólo ocurrirá si se firma un acuerdo final de paz, como está previsto en el acuerdo general firmado en agosto».

Aunque el pronunciamiento del jefe negociador ha sido el más fuerte desde la instalación de los diálogos de paz con las FARC en octubre de 2012, analistas y activistas consultados telefónicamente por The Associated Press descartaron que haya una ruptura inmediata de las conversaciones.

Tras contactos secretos en La Habana, las dos partes anunciaron en septiembre que tenían un pre acuerdo para iniciar diálogos de paz. La instalación de la mesa se realizó en la capital noruega de Oslo y en noviembre comenzaron los debates de la agenda de seis puntos en la capital cubana. El primer punto de la agenda es el tema agrario o propiedad de la tierra, que es descrito tradicionalmente como una de las causas que originó la guerrilla hace casi 50 años.

«Considero que son momentos naturales en un proceso como el que se está dando, es un proceso que está avanzando, cuyos avances han sido reconocidos tanto por el gobierno como por las FARC. Es el resultado de un proceso que se libra en medio del combate de acciones de parte y parte», dijo Iván Cepeda, representante a la Cámara por el izquierdista partido Polo Democrático Alternativo. «Yo creo que este es un momento (que) no lo calificaría ni de crisis ni un momento difícil para el proceso, sino un momento en el cual hay roces, que hay que saber superar», agregó.

A su turno, León Valencia, del grupo Nuevo Arco Iris, dedicado al análisis del conflicto armado colombiano, dijo que la declaración del negociador oficial era esperada.

«No, qué va», dijo Valencia al ser consultado si esperaba una ruptura de los diálogos. «Como hay tanta presión (social y de sectores políticos, el negociador) tiene que salir a poner cara para no deslegitimar el parte (o postura) del gobierno».

Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia, que también analiza el conflicto interno, sostuvo que el gobierno debía tomar una posición más dura frente al comunicado de las FARC de que seguirá reteniendo a uniformados.

El anuncio de las FARC «es una bomba de tiempo para los diálogos de paz. Me parece que la opinión pública no va a tolerar que se vuelvan a repetir esos secuestros sistemáticos de militares y de policías para presionar la salida de las cárceles del país de los guerrilleros de las FARC», dijo Rangel.

Por años los rebeldes han reclamado que se excarcele a insurgentes detenidos a cambio de liberar a militares y policías en su poder. Los sucesivos gobiernos que precedieron al de Santos se han negado a tal intercambio, mientras las FARC liberaron a cuenta gotas a la mayoría de los agentes que tenían en su poder, los últimos 10 el año pasado tras más de una década de cautiverio. Otros fueron rescatados en operativos militares.

El Ministerio de Defensa, sin embargo, sostiene que las FARC deben responder por al menos medio centenar de militares y policías que tienen en su poder y de los que desde hace años no dan razones, por lo cual se sospecha que algunos han fallecido en cautiverio.

Las FARC «han sentado un compromiso en cuanto a no realizar más retenciones de carácter económico… De igual manera nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendidos en combate. Ellos se llaman (asterisk)prisioneros de guerra(asterisk) y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo», indicó la guerrilla en un comunicado divulgado la noche del martes en la página de internet de su revista Resistencia.

«En reiteradas ocasiones hemos hecho llamados al gobierno para que se produzca un intercambio de prisioneros de guerra, lo cual fue respondido negativamente», añadió el grupo que hasta ahora no ha reclamado la autoría de la retención de los dos policías, aunque su pronunciamiento sobre la retención de uniformados pareció ser una respuesta a los reclamos oficiales por los agentes.

El gobierno de Santos ha reclamado a los rebeldes la liberación de los agentes de policía Víctor Alfonso González, de 26 años, y Cristian Camilo Yate, de 24, que fueron retenidos el 25 de enero en una zona entre las localidades de Palmira y Pradera, departamento de Valle del Cauca y a unos 300 kilómetros al suroeste de Bogotá.

Como voceros del gobierno como el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón han exigido a las FARC la liberación de los agentes «secuestrados», la guerrilla dijo que su compromiso anunciado el 26 de febrero de 2012 fue detener los secuestros de civiles a cambio de dinero y no los de uniformados.

El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo el miércoles que «no hay forma de justificar un secuestro de ninguna manera».

«No tiene sentido que otra vez le mientan al país y traten de armar una tramoya creando la idea de que pueden pensar en canjes o en obtener beneficios de alguna especie», añadió el ministro en declaraciones divulgadas en un comunicado.

Autoridades del departamento de Chocó, en el noroeste colombiano, indicaron en la jornada que desde el lunes circulan por aquella región panfletos atribuidos a las FARC en los que anuncian la realización del 1 al 20 de febrero de un «paro armado» en una carretera que une aquella región con su vecino departamento de Risaralda.

Los «paros armados» consisten básicamente en que los ilegales amenazan con quemar autos y buses que circulen por una vía o comercios que abran sus puertas durante los días en que la guerrilla decide extender su accionar y que es una forma de mostrar su presencia y fuerza en un área del país.

«Las FARC el pasado lunes en las horas de la tarde emitieron un panfleto anunciando un paro armado… hoy terminamos una reunión con los comandantes militares y policiales de la región no sólo del Chocó sino también de Risaralda y se tomaron unas medidas, la primera de aumento del pie de fuerza y control extremo por parte de las tropas en la vía», dijo en diálogo telefónico Ari Piñeros, secretario de gobierno de la gobernación de Chocó. Declinó comentar el número de militares y policías alegando razones de seguridad.

A inicios de 2012 las FARC también implantaron un paro armado en la zona de Chocó, aquella vez también prohibiendo el tránsito por uno de sus principales ríos, provocando retrasos en el transporte de pasajeros.