Ya no se usa mucho el concepto de entenado y por lo tanto cayó también en relativo desuso la frase que advertía que había que tratar a todos como hijos o a todos como entenados. Pero ahora que un juzgado guatemalteco ordenó la captura de varios acusados en la audiencia nacional de España por delitos de lesa humanidad, cabe perfectamente la frase de que si se acepta la jurisdicción de esa nación europea para juzgar tal clase de crímenes, no hay razón para hacer distingos políticos entre quienes no tienen ningún peso en la realidad nacional de hoy y quien sigue siendo el líder de un partido político importante y con considerable representación parlamentaria.
Supuestamente no se pudo probar la participación de Ríos Montt en el asalto a la Embajada de España y por lo tanto no se dictó auto de prisión en su contra. Pero si a eso vamos, hay que decir que Mejía Víctores tampoco tenía posiciones de mando en ese tiempo y aunque estaba de alta en el Ejército, es difícil probar que hubiera tenido vinculación con la orden de desalojar por la fuerza a esa representación diplomática.
Honestamente hablando, si el criterio del juzgador es que cabe la aplicación de la jurisdicción de España para juzgar esos delitos de lesa humanidad y la orden se aplica por la acusación de genocidio, el único que se puede librar sin despertar dudas o sospechas es Romeo Lucas García porque obviamente el tribunal guatemalteco no podría ordenar, como sí lo hizo el español, la captura de un difunto.
Volvemos a repetir lo tantas veces dicho en el pasado, en el sentido de que todo este incidente internacional sirve para demostrar que nuestra justicia es una birria y que el Ministerio Público no tiene justificación para mantener engavetados los procesos que de acuerdo al espíritu de los Acuerdos de Paz tendría que incoar contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. Si la soberanía nacional se ve comprometida es por la ausencia de acción del sistema judicial guatemalteco para juzgar crímenes cometidos tanto contra nuestros compatriotas como contra ciudadanos de otras nacionalidades que murieron durante el conflicto armado interno.
Hay un enorme e inexplicable contrasentido en la orden del tribunal que se salta un período sin explicación razonable. Un contrasentido porque no se entiende cómo se plantea como eslabón perdido el período de Ríos Montt, mientras que el de Lucas y el de Mejía Víctores ameritan capturas por atrocidades cometidas. Todos sabemos y está documentado en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que muchas masacres ocurrieron cabalmente en tiempos del dirigente del FRG, pero la imparcialidad de la justicia queda en entredicho por ese salto en el tiempo que no puede entenderse de ninguna manera, más que como parte de alguna oscura componenda.