Pero resulta que cualquiera que sea la realidad, lo irrefutable es que somos presa de la violencia y que muere demasiada gente. Pero peor aún es que el Estado no tiene ni el interés ni la capacidad de reaccionar frente a esa situación y baste como muestra el hecho de que bandas de asaltantes se han adueñado tranquilamente de determinados sectores de las zonas 9 y 10 sin que se mueva un dedo para controlarlos, mucho menos apresarlos.

Nos podemos pasar meses enteros discutiendo si el Gobierno o el GAM llevan razón con sus cifras, pero mientras se mantiene ese debate, la sangre sigue corriendo en Guatemala y más familias se enlutan. Al fin de cuentas, lo que nos interesa es que se haga algo, que cese la impunidad y funcionen planes preventivos porque mientras los delincuentes tengan la certeza de que no serán encausados por los crí­menes que cometen, se sentirán alentados para continuar con sus asaltos a mano armada que en muchos casos terminan en la muerte violenta de las ví­ctimas.

Además, hay que decir que en materia de credibilidad no se puede equiparar al Grupo de Apoyo Mutuo con el Gobierno, puesto que todos sabemos que la agenda de los funcionarios está orientada a consolidar una imagen con la mira puesta en las elecciones próximas, en tanto que el GAM se ha ganado una posición porque sus informes han sido contundentes y certeros a lo largo de muchos años. Esos datos coinciden con los que ofrece el Procurador de los Derechos Humanos, quien también lleva una estadí­stica de las tragedias ocurridas en nuestro paí­s.

Del Gobierno no demandamos datos ni cifras, sino hechos y acciones. Los guatemaltecos no vamos a caer de papos con ese consuelo de tontos que son los indicadores de una «reducción» de la tasa de homicidios, cuando vemos todos los dí­as que se mantiene la criminalidad en todas sus manifestaciones y al ver que el pueblo indefenso sigue siendo ví­ctima de la acción criminal de los grupos que demuestran más organización y capacidad que las fuerzas de orden público del paí­s.