La burla a los sistemas de justicia no es en absoluto un fenómeno extraño ni nuevo en Guatemala; para no salirnos del tristemente célebre caso de los diputados del Parlamento Centroamericano, baste decir que el escándalo provocado por la toma de posesión del Alcalde de Jutiapa, Manuel Castillo, no es nada comparado con el asesinato de los policías que estaban presos en la cárcel de máxima seguridad El Boquerón, y quienes fueron ejecutados pese a la seguridad interna del presidio y a la presencia en el área perimetral de un fuerte contingente de las fuerzas combinadas.
Nadie puede ni debe sentirse extrañado de que Castillo haya llegado a la Municipalidad de Jutiapa, disfrazado o no, y entrado como chucho por su casa para que fuera juramentado por el Concejo Municipal. Obviamente en este caso el problema está en que las fuerzas de seguridad no cumplieron con su deber de vigilar el recinto en forma adecuada. Pueden soltarse sapos y culebras contra los miembros de la Corporación Municipal que en su mayoría son miembros del comité cívico que postuló a Castillo, pero un proceso penal en su contra parece poco probable porque ellos alegan que nunca fueron apercibidos por nadie para evitar esa toma de posesión. No había ninguna orden judicial para impedir el acto, simplemente había una orden judicial para detener a Castillo y eso era lo que procedía.
Por supuesto que Guatemala vuelve a ser el hazmerreír del mundo porque en nuestro país ocurren situaciones inauditas que no pueden darse en ningún país que tenga instituciones sólidas que se precien del cumplimiento de sus deberes esenciales. Por supuesto que Castillo tiene una red de apoyos importantes en Jutiapa y que ni siquiera la jugosa recompensa ofrecida en su contra ha servido para que alguien delate su paradero, sea por temores o por lealtades, pero el colmo es que el sindicado haya llegado a una sesión del Concejo, aun suponiendo que la misma se hubiera realizado clandestinamente, porque era de suponer que el prófugo haría exactamente eso y por lo tanto resultaba indispensable que se estrechara el círculo de la vigilancia.
Para quienes creen que lo de hoy no tiene parangón, repetimos que el caso de El Boquerón, que sigue en absoluta impunidad, es por mucho más grave que lo ocurrido en la cabecera departamental de Jutiapa, porque es evidente que ha existido un marcado encubrimiento de los autores de ese crimen que tenía la finalidad de silenciar a los autores materiales del asesinato de los diputados del Parlamento Centroamericano y así ponerle fin a posteriores investigaciones que pudieran llevar a la identidad de quienes autorizaron a los policías a cometer el brutal crimen.
Es imperativo que en este caso se tengan avances importantes que, por supuesto, van más allá del papel que jugó el actual alcalde de Jutiapa. Y es que él fue una pieza dentro de toda una estructura de crimen organizado que, lamentablemente, tenía sus principales tentáculos en las mismas entrañas de nuestras fuerzas de seguridad. Y los responsables de la conducción de esas fuerzas están tan prófugos como Castillo, con la diferencia que sobre ellos no pesa ninguna orden de captura ni hay siquiera una investigación pendiente porque el Ministerio Público se casó con la tesis de que los mareros fueron los que atacaron a los policías presos en la cárcel El Boquerón, ignorando declaraciones de testigos que vieron entrar a un comando fuertemente armado y con las mismas características que tenía el comando que se encargó del operativo en Pavón cuando en medio de gran fanfarria, el gobierno anterior anunció que había arrebatado el control de ese presidio a un grupo de criminales que resultaron muertos en un operativo que autoridades nacionales han señalado como ejecución extrajudicial.