Sin ánimo de polemizar con Manuel Villacorta, en su artículo del domingo 24 en el matutino Siglo Veintiuno, en cuanto a su afirmación que «la crisis económica -nacional- está en caída libre», creo que es relativa tal afirmación. De hecho, él se lamenta y en eso comparto su percepción, de la ausencia de una estratégica política económica nacional. El desarrollo económico en nuestro país se centra en lo fiscal, pues el denominado empresariado guatemalteco secularmente se ha opuesto a pagar impuestos. Entonces, emprender el impulso de una política económica, necesariamente nos lleva a centrar nuestra atención en lo fiscal, para luego intentar desenvolver lo relativo a las economías de escalas.
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Lastimosamente el curso de la gestión pública y con ella, la actitud de la clase política, en el mejor de los casos ha sido la de una administración de crisis continuadas: de crisis en crisis. Salvo la administración del período 1996-2000, que logró implantar ese pernicioso modelo del que no hemos podido desprendernos, a pesar de las enormes lecciones en sentido opuesto en casi cualquier parte del mundo. El comportamiento económico defendido por el empresariado ha sido en total dependencia con la economía estadounidense.
A muchos ha disgustado la utilización de la voz «solidaridad» empleada por la administración actual, en cuanto a la atención a los más desposeídos. Se ha intentado ridiculizar tal esmero. La crisis de mayo pasado se tradujo en lo fiscal en el orden próximo al 6% de caída. Las argumentaciones para promover esa resistencia al pago de tributos se tradujeron en variadas campañas desinformativas que promovían el descrédito por lo gubernamental. Se manejó una «verdad» con antojo anarquista. En el ámbito político hubo «resbalones» que hoy casi nadie quiere recordar o se olvidan a propósito.
En efecto un «Diálogo Fiscal» es la quimera que por enésima vez se promueve en el país. El «Pacto Fiscal» del 2001, hasta produjo en decreto mediante el cual se redistribuyó el Impuesto al Valor Agregado, el Decreto Número 32-2001, que los alcaldes de entonces recordarán como resultado de varias jornadas de lucha en pro de un incremento a sus respectivos ingresos, derivados de este impuesto indirecto.
De alguna manera con tales ingresos algunas comunas impulsaron su propia visión del desarrollo económico local, a partir del año siguiente, con el nuevo Código Municipal, se promovieron las mancomunidades de municipios y con ello las expectativas y alcances en la promoción de cadenas productivas y economías de escala (en el ámbito municipal), no se han detenido. Sin embargo, tales iniciativas económicas se ven torpedeadas por los grandes «empresarios» que se oponen a una verdadera competitividad.
Por tal razón hablar con ellos (los empresarios) y buscar consensos es obligado. Aunque no debieran ser los únicos interlocutores. De pronto nuestro punto de vista puede estar equivocado más o menos respecto del de ellos, pero para tener una aproximación que nos permita superar el actual estado de cosas, hace imprescindible sentarse a conversar, con ellos y con otros actores sociales del país. Que puede ser tiempo (otra vez) derrochado. Es posible. Que podrían darse condiciones para modificar la estructura del modelo económico vigente, tal vez (necesario y obligado).
En todo caso, el resultado de este intercambio no podrá diluirse en jornadas de debate que abarquen meses. A lo sumo, representantes gubernamentales y sus interlocutores, empresarios y otros, tienen ante sí solo unas cuantas semanas. Plantear cualquier opción que no posibilite ser aplicable durante el actual ejercicio fiscal carece de sentido. Por ello no es solo sentarse a hablar por hablar. Todos necesitamos que haya acuerdos. Y acuerdos sustantivos, operativos y realizables en el corto plazo. No podemos volver a andar de crisis en crisis. Todos podríamos salir perdiendo. Y pierde más quien más tiene que perder.