Tras la publicación en Estados Unidos de los documentos mediante los cuales abogados del Departamento de Justicia aprobaron prácticas de interrogatorio de los presos en la llamada guerra contra el terrorismo, recurriendo a actos de tortura, el anterior vicepresidente Dick Chenney dijo que era importante que se divulgaran los datos obtenidos mediante ese procedimiento porque la opinión pública debía saber que mediante el acoso físico y moral a los prisioneros se pudo lograr información útil para mantener seguro al país.
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El tema de la tortura dejaría de ser, en ese contexto, una cuestión ética y moral para terminar avalado por el concepto de que el fin justifica los medios. Poco importaría que se ignoren normas elementales respecto al trato de los prisioneros, sean de guerra o de cualquier otra índole, porque según el criterio de Chenney y de quienes avalaron tales prácticas, la seguridad nacional está sobre cualquier otra consideración.
Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, publiqué un artículo diciendo que Estados Unidos podía cometer el mismo error y pecado que cometieron muchos gobiernos latinoamericanos al enfrentar la lucha contra la guerrilla, sacrificando los derechos humanos en aras de la seguridad nacional. Y en ese tiempo mi argumento fue porque la Consejera de Seguridad de la época había convocado a los responsables de noticias de las cadenas de televisión para decirles que tenían que moderar sus informaciones y ajustarlas a los intereses para proteger al país de la amenaza terrorista. En otras palabras, se pedía a los periodistas que renunciaran a la libertad de prensa, sagrado derecho de los norteamericanos, para evitar informaciones que pudieran ser útiles a los enemigos del país. Y de hecho la prensa adoptó una actitud de enorme tolerancia con la administración Bush, al punto de que le acompañó en el engaño a la opinión pública y al mundo respecto al tema de las armas de destrucción masiva en Irak.
Pero más allá de ese primer paso, la misma señora Rice aparece ahora como la primera funcionaria que autorizó expresamente el uso de la tortura contra los sospechosos de ser o simpatizar con terroristas, lo que según la administración Obama constituye un retroceso en cuanto al apego de los norteamericanos al derecho y la justicia. No hay razón, es la tesis de la administración, que justifique el uso de prácticas inhumanas de parte del país que tiene el tupé de certificar al resto del mundo en cuanto a la observancia de los derechos humanos. El Departamento de Estado anualmente emite un documento en el que califica el comportamiento de todas las naciones en esa materia, pero a la luz de las autorizaciones otorgadas a las agencias de inteligencia para recurrir a la tortura de los detenidos, sospechosos de ser terroristas sin que se les hubiera probado nada, para supuestamente recabar mejor información.
Ahora se conocen informes que sostienen que la misma información y hasta más fiable pudo obtenerse por otros métodos de inteligencia que no riñen con los derechos humanos. Pero, en todo caso, ese punto nos lleva al debate sobre si el fin justifica los medios y no en cuanto al carácter cruel, inhumano y degradante para quien lo practica, de la tortura en sí misma.