Hace algún tiempo discutiendo con un amigo acerca de los cada vez más comunes levantamientos sociales ante proyectos de minería y de generación eléctrica, él argumentó que buena parte de la culpa de esos actos de inestabilidad social era de los empresarios que desarrollaban esos proyectos pues, según él, no hacían lo suficiente para beneficiar a las comunidades.

Yo me pregunto si “beneficiar” a las comunidades -lo que sea que eso signifique- es una obligación del empresario o el fundamento legal sobre el cual construimos cualquier proyecto productivo es tan incierto que tenemos que recurrir a este tipo de “beneficios” forcivoluntariamente. Me pregunto, además, qué diferencia hay entre este tipo de “beneficios” y los sobornos, mordidas o prebendas a los que algunos empresarios recurren cuando el ejercicio económico de la formalidad y la legalidad sale más caro que otorgar un premio a cambio del permiso y la viabilidad del proyecto.

¿Existe en realidad diferencia entre una acción y la otra? A mí me parece que no, porque el ortodoxo empresario que cumple con todos los permisos, el pago de impuestos y el principio básico de producir sin afectar los derechos de los demás no tendría más que ponerse a producir para ayudar al desarrollo de las comunidades, o de la población en general. ¿Por qué es que el empresario está obligado a informar? Cuando los requisitos de informar a las autoridades han sido cumplidos a cabalidad. ¿Por qué es que la mina tiene que construir y mantener una escuela, si supuestamente el Gobierno es el responsable de esta tarea? Claro que es inteligente y recomendable llevarse bien con los vecinos y para congraciarse el empresario puede tomar la decisión de reducir su beneficio a cambio de tener una comunidad que le tome respeto y cariño al proyecto, pero de eso a ser chantajeado e incluso tener que firmar documentos de compromiso para otorgar los beneficios a cambio de un radical sí o no, hay mucho trecho. Desde ese punto de vista, cumplir con ese tipo de requisitos a la fuerza es exactamente lo mismo que dar una mordida para que el proyecto, viable y legítimo, pueda realizarse ante la decisión discrecional de una autoridad.

Es fácil ver la cara falsa de los movimientos sociales cuando en sus entrañas hay conceptos contradictorios e hipócritas. Por ejemplo, a ellos les encanta apoyar causas como la política socialistoide de la Venezuela de Chávez, pero nunca se les ha visto hacerle un berrinche ecológico a don Hugo por los 2.7 millones de barriles que diariamente se perforan en suelo venezolano. Por cierto la venta de este petróleo sirve, principalmente, para mantener los programas sociales del Presidente, programas que no son más que el opio de los venezolanos, opio que los terminará matando. Con Cuba pasa algo parecido, se puede observar a muchos de los líderes y seguidores de las protestas sociales y ecologistas con camisetas de serigrafía barata del rostro del nefasto Che Guevara o citas famosas del expresidente Fidel Castro, pero pocos saben o analizan que entre la extracción del níquel, el azúcar, los cigarros y las bebidas alcohólicas Cuba logra el 45% de sus ingresos por exportaciones. Todas esas industrias sufren en países como el nuestro para establecerse y mantenerse sin la constante amenaza de los movimientos sociales, pero por supuesto que jamás verá a alguno de esos protestantes o a sus líderes condenando las malas prácticas empresariales o los graves daños ecológicos del gobierno cubano.

Todos esos movimientos sociales que hoy nos tienen en una inestabilidad social catastrófica no hacen más que generar costos al inversionista y, por lo tanto, hacer cada vez más difícil que el saldo del ejercicio costo beneficio sea positivo. Al final toda esta conflictividad se transforma en menos inversiones que derivan en menos oportunidades de desarrollo para las comunidades y por lo tanto un estado de pobreza que parece eterno.