En los últimos dí­as, la publicidad oficial asegura que se han puesto a la luz el listado de beneficiarios del programa «Mi Familia Progresa» (MiFaPro), que provee de remesas condicionadas a las familias de escasos recursos. Sin embargo, el documento que se brinda en la página de Internet de este programa (www.mifamiliaprogresa.gob.gt) no admite cambios y el orden en que fueron dispuestos los datos es aleatorio, sin seguir un patrón.

El documento debe ser descargado en un archivo comprimido (*.zip), el cual es muy pesado y tarda mucho en descargar. Al ser descomprimido, se puede acceder al documento de sólo lectura a través del programa Reader (*.pdf), el cual no permite modificaciones.

El documento ofrece la información de las familias y su número correlativo que tienen dentro del programa MiFaPro, así­ como el lugar de origen y la cantidad de dinero que han recibido hasta el 31 de diciembre de 2009.

El documento puede ser descargado por todos los interesados, si es que se tiene la paciencia de esperar varios minutos (incluso horas) en aguardar a que se descargue por Internet.

El programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, dirigido a familias en extrema pobreza que tienen hijos hasta de 15 años y/o madres gestantes, según la definición técnica del programa de MiFaPro.

El documento tiene 13 mil 505 (13,505) páginas, que en promedio ofrece información de 35 familias por páginas, lo que equivaldrí­a a más de 472 mil familias (472,675, exactamente).

Sin embargo, la información está estructurada sin orden. Es decir, no está ordenado por el número correlativo, ni por orden alfabético ni tampoco por el lugar de origen, lo que harí­a muy difí­cil la búsqueda.

Además, el documento no admite modificaciones ni la posibilidad de mandar a imprimir, debido a que tiene dispositivos de seguridad que no permiten realizar ninguna opción que facilite la búsqueda.

Sí­ se puede realizar búsquedas a través del mismo buscador del programa Acrobat Reader, pero ésta ofrece información que debe ser verificada con trabajo de hormiga. Es decir, la búsqueda se hace tortuosa y la verificación para fiscalización se hace casi imposible (VER IMAGEN DEL AVISO DE SEGURIDAD QUE DESPLIEGA).

Los datos de los beneficiarios, pues, no fueron dispuestos en ningún orden, por lo que no es posible realizar búsquedas para fiscalización de una forma fácil. Resalta, a primera vista, que hay patrones de conducta de los datos. Por ejemplo, cada nueve casillas se repite un beneficiario de Barillas, Huehuetenango, hasta que se describe la información de todos los beneficiarios de este municipio, por ejemplo.

Así­, la información de cada municipio sigue un patrón cada «n» casillas. Lo que es, también a primera vista, observable, es que algunos números de correlativos se pierden, sin explicarse por qué. Si es un correlativo, debe existir, y, aunque haya recibido sólo una remesa, deberí­a aparecer en este listado.

Otro de los datos visibles que carece el documento es que no informa desde cuándo se está recibiendo la remesa condicionada por parte de la familia, ni la cantidad de hijos que se acreditan por el programa.

Según declaraciones de Carlos Fernando Mencos, contralor General de Cuentas, este mecanismo utilizado por los funcionarios de MiFaPro imposibilita en muchas maneras la fiscalización de los datos. í‰l ya habí­a recibido un documento similar, en el cual no se permití­a hacer búsquedas.

Mencos recalcó que el mismo ministro de Educación, Bienvenido Argueta, le habí­a proporcionado el listado en formato PDF y que éste no podí­a ser descodificado.

Edgar Rosales, vocero de los Programas de Cohesión Social -al cual pertenece MiFaPro- explicó que el «listado está presentado de esta manera, porque era una de las maneras más fácil para la búsqueda y la comprensión de las personas que desean revisarlo».

Reiteró que MiFaPro presentó a la Corte Suprema de Justicia todos los datos que ellos les pidieron, los nombres, números de cedula y códigos de familia.

INCUMPLIMIENTO

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, está en la espera de que el Ministerio de Educación le entregue el listado de beneficiarios de MiFaPro, ordenados por distintos criterios, tal y como resolvió la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Hasta la hora del cierre, la legisladora no ha recibido los datos (LEA: Evalúa acciones legales contra Argueta).

Ante esto, la diputada calificó de «incumplimiento de deberes» por parte de las autoridades de MiFaPro. Según la legisladora, cinco años serán en los que tendrá que trabajar para llegar a corroborar y auditar a todos los beneficiarios, si no se trabaja en un listado con un mayor orden y con los datos completos, al describir lo complicado que serí­a trabajar en el documento dispuesto en la Web.

El martes próximo, la parlamentaria estará participando en unas reuniones para crear la logí­stica de lo que se realizará, pues la mayorí­a de ví­as legales han sido abordadas y los datos siguen siendo confidenciales.

MíS FISCALIZACIí“N

Diversas opiniones surgen en torno a esta complicación. Por ejemplo, Alejandro Giammattei, ex candidato presidencial, refirió que este listado contiene datos que tienen un «chance de ser reales»; sin embargo, dio énfasis a que también podrí­a ofrecer «un montón de nombres; no existen los respaldos necesarios para tener seguridad que los datos sean verí­dicos».

A criterio de Giammattei, los documentos de soporte, es decir los recibos o comprobantes que se presume que MiFaPro proporciona a los beneficiarios, deberí­an ser los que se tendrí­an que presentar.

También criticó las declaraciones confusas del contralor en donde menciona que se encontraron anomalí­as en el listado y dí­as después rectifica que los datos están en perfecto orden.

Otto Pérez Molina, ex candidato presidencial del Partido Patriota, menciona que su agrupación polí­tica ha estado trabajando por su cuenta, a través de grupos especializados para la fiscalización de los datos, trabajo que está liderado con la parlamentaria Roxana Baldetti, en los que ya se encontraron una serie de anomalí­as, como nombres y códigos de familia repetidos, así­ como también una serie de personas de diferentes nacionalidades que están recibiendo el pago.

Edgar Rosales, vocero de Cohesión Social, manifestó, ante estos trabajos, que ha habido algunos esfuerzos de fiscalización y verificación de los datos de MiFaPro, pero que éstos han sido «un capricho», indicando que no se imaginaria a ningún diputado visitando a las comunidades beneficiarias.

El próximo miércoles, el presidente ílvaro Colom anunció que, en su programa radial semanal (transmitido por TGW), escuchará todas las crí­ticas para MiFaPro y otros programas de la Cohesión Social y que responderá a todas las dudas.