En Guatemala, hablar de impuestos, cualquiera que sea el momento, provoca opiniones encontradas, desde el punto de vista de varios sectores. Comenzando con la perspectiva del gobierno, quien quiera que se haga con el puesto, dice que los recursos que le dejó la administración anterior, son insuficientes; y que además, debe cargar con deudas que no se contrataron en su período, por tanto, necesita más recursos.

Recuerdo, por ejemplo, cuando Alfonso Portillo recién asumió la Presidencia del país y, dijo, que el gobierno de Álvaro Arzú, lo había dejado sin fondos -si mal no estoy- siquiera para pagar sueldos de enero. Casi nada tardó el exvicepresidente de entonces, Luis Flores, para salir en campo pagado, con gráficas en mano, contradiciendo a Portillo, explicando el monto de recursos que había quedado en las arcas del Estado después de su gestión.

Entre otras cosas, Portillo finalizó su período con aumento del IVA del 10 al 12%. De parte de los trabajadores, se afirma que es la clase que sostiene los ingresos del Estado, pues es quien paga la mayor proporción de impuestos, por tanto, el eventual incremento, afectaría su nivel de vida.

Sí. Con gran parte de los empresarios, es lo mismo. Si la economía está en período de crecimiento, si se aumentan los impuestos, sostienen que se frenaría el buen desempeño en la expansión; que si se está en una fase de desaceleración económica, empeoraría las condiciones para la eventual recuperación. Es decir, nunca es buen momento para nadie. Sin embargo, “los impuestos, son impuestos”, dicen que dijo el ministro de Finanzas, Pavel Centeno.

En ese sentido, es necesario recordar que en Guatemala, los servicios públicos –precarios de por sí- se sostienen apenas con el ingreso que se genera a través de los tributos, y de un sinfín de préstamos que cada año aprueban los diputados, porque los primeros se supone que no alcanzan.

El problema, además, al hablar de incremento de impuestos, es que la población en general desconoce a dónde van a parar. Es decir, si en verdad se destinarán a inversión en educación y salud, como casi siempre se nos dice, o en cuentas personales de funcionarios en quien sabe qué países.

Lo que es seguro, además de lo desagradable del incremento, es que las personas estarían dispuestas a pagar más tributos, sí y solo sí, tuvieran seguridad que cuando llegue el momento de enfermarse –que nunca avisa-, tendrán cobertura en salud de primera calidad, y no deberían gastar en médicos privados. Posiblemente, hasta preguntarían de cuánto va a ser el nuevo tributo, si se asegurara educación de calidad para los hijos y de esa cuenta, no debería sufragar gastos de colegiatura mensual.

Es probable que estuvieran dispuestas a pagar más, si el Estado de verdad garantizara su seguridad, y que a los delincuentes les fueran deducidas las responsabilidades de cada caso. Por eso, antes de hablar de nuevos impuestos, los Organismos del Estado guatemalteco deben dar pruebas contundentes de lo que hacen con el ingreso que ahora tienen, y luego, se podría hablar de incrementarlos. Para ello, es indispensable, sin lugar a dudas, que las leyes de transparencia en el Congreso se pasen previo de la aprobación de la “actualización tributaria”.