Ambientalistas latinoamericanos, a través de una verificación en puntos en donde se presenta conflictividad social por la instalación y funcionamiento de hidroeléctricas,

dijeron en conferencia de prensa que el Estado incumple en su papel de mediador ante los enfrentamientos y al contrario, favorece a los capitales extranjeros que contribuyen al rompimiento del tejido social y el deterioro del medio ambiente en las comunidades.

Asimismo, pobladores de Santa Cruz Barillas fijaron un plazo de 30 días al presidente Otto Pérez Molina para darle trámite a sus demandas luego de la reunión sostenida la semana pasada en Huehuetenango, de lo contrario, anunciaron que estarán tomando otras medidas de presión para la cancelación de operaciones de Hidro Santa Cruz, en esa región.