La CICIG ya estableció que en el robo de unas 639 armas en el Ejército fueron ejecutados por una estructura criminal que podrí­a incluir a personal y oficiales de la institución castrenses vinculados con el crimen organizado, por lo que investigarán a unos ocho militares que custodiaban el arsenal robado.

Aunque ya existe una investigación abierta, realizada por el Tribunal Militar, ésta no ha arrojado ningún resultado hasta este momento según información de fuentes judiciales.