Francisco Dall’Anese, jefe de la CICIG, declaró a la periodista Sandra Weis, de la Revista Milenio de México que “los jueces de Guatemala no son independientes de la polí­tica”. Además, reiteró la necesidad de hacer una depuración en el sistema de justicia guatemalteco.

Weis preguntó a Dall’Anese si el aparato judicial está en gran parte infiltrado o corrompido, a lo que el comisionado respondió entre otras cosas: “En los años noventa participé en un proyecto de cooperación y publicamos un “libro blanco” de la justicia en Centroamérica. Me tocó hacer el resumen general de los paí­ses, y quedó muy claro que los jueces de Guatemala no son independientes de la polí­tica”.

El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) agregó que “la Constitución establece que los jueces duran en su cargo cinco años. Su condición es precaria, no tienen independencia porque si no los confirman, pierden su pensión. Esto los pone en desventaja y los hace vulnerables. Si a eso se suma que los jueces de la Corte Suprema y de Apelaciones son nombrados por el Congreso, quiere decir que los polí­ticos se reservaron el control del Poder Judicial”.

“En paí­ses donde hay un Estado de Derecho se nombran los jueces de la Corte Suprema por los polí­ticos, pero se quedan en su puesto hasta que mueran, renuncien o se jubilen, y eso les da solidez e independencia”, añadió el comisionado de la CICIG.

Dall’Anese se refirió también a los casos contra el ex presidente Alfonso Portillo y contra el ex director del Sistema Penitenciario Eduardo Giammattei: “Los dos casos que tocan las estructuras de corrupción y las ejecuciones extrajudiciales más poderosas de Guatemala son los casos Pavón y Portillo. Y en los dos a los jueces se les mojó la pólvora”,

El comisionado añadió a esa pregunta que “se tiene que hacer una depuración importante del aparato de justicia”, y expuso que se necesita una “reingenierí­a” del mismo e hizo énfasis en la importancia de cambiar el modo de selección de magistrados, que los cargos sean vitalicios y que sólo se puedan remover por causas legales graves o por delitos.

NO CORPORATIVISMO
Marco Antonio Canteo, integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos, señala que el proceso de depuración que de iniciar en la Corte Suprema de Justicia, debe garantizar que el corporativismo “no se imponga” sobre los intereses generales de la sociedad.

“El proceso de depuración debe garantizar que los jueces van a ser respetados en sus derechos y que los órganos administrativos van a tener el respaldo y la capacidad necesarios para poder llevar a cabo su trabajo de investigación y análisis del trabajo de los juzgadores con independencia e imparcialidad”, señaló el analista entrevistado.

A decir de Canteo, la demanda de la CICIG por la depuración del sistema de justicia, “sólo amplifica las voces de todas y todos los guatemaltecos que queremos un mejor sistema”.

El entrevistado añade que en los casos Pavón y Portillo, a los que Dall’Anese se refirió, deberí­an ser los mismos jueces los que propicien las investigaciones para que se esclarezcan las dudas que hay alrededor de las resoluciones.

Se intentó obtener una opinión de Carlos Aguilar, titular de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, pero no fue posible debido a que se encontraba en celebración de audiencias en la judicatura que preside.