En la democracia los organismos legislativos no proceden de la misma forma que laboran el Ejecutivo o el Judicial, su naturaleza los hace ser distintos, desarrollan su trabajo en plenarias, en comisiones, observados y analizados minuto a minuto, lo que produce más noticias, más hechos llamativos que cualquier otro órgano del Estado.

Los organismos legislativos son similares en el mundo; ejemplo, el Senado y Congreso de Estados Unidos dividen su actuar en dos perí­odos legislativos anuales en Washington DC y dos recesos en los que los senadores y representantes regresan a sus distritos y estados. Tanto en Washington como en su distrito y estado cuentan con una adecuada infraestructura fí­sica y humana, cada uno posee asesores, asistentes, oficiales administrativos, secretarias, recepcionistas y otro tipo de personal logí­stico, según su responsabilidad el número se incrementa dependiendo si es o no presidente o vicepresidente de una comisión. Ello le permite no sólo ser más eficiente en su actuar sino le dota del recurso humano para hacer investigaciones, para atender y filtrar a quienes desean reunirse con ellos y por supuesto especialistas que evalúan el contenido y conveniencia de todas y cada una de las iniciativas de ley que deberán de conocer, aprobar o improbar los senadores y representantes (diputados).

Es frecuente que un asesor de un senador o congresista este mucho más preparado en temas especí­ficos y concretos que un senador o un diputado, por lo que las acciones de cabildeo o convencimiento deben de realizarse por los interesados con los asesores, quienes no sólo son profesionales muy eficientes, sino que a su vez se encuentran asociados por comisión y por bancada para discutir entre sí­ las diferentes propuestas, iniciativas de ley que sus jefes tendrán en un momento dado que conocer y decidir con su consejo.

En Guatemala no fue hasta 1992, al rehacer la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que se estableció la posibilidad de nombrar asesores, tanto para la junta directiva, las comisiones y los partidos polí­ticos (bancadas); sin embargo, se colocó la prohibición que los diputados pudieran tener individualmente derecho a asesores pagados por el Congreso, no se estableció en la norma las calidades profesionales o técnicas de quién podrí­a ocupar el cargo, hecho que ha permitido que en algún caso se nombre asesores por afinidad polí­tica o peor aún por su relación personal, lo que ha desvirtuado el espí­ritu de lo que debe ser un asesor. Esto no justifica que el Organismo Legislativo, sus comisiones e incluso todos los diputados no debieran de contar con asesorí­a profesional y técnica adecuadas; adicionalmente, igual que lo requiere un ejecutivo en el sector privado, todos los diputados necesitan una secretaria que los asista. El personal de cada diputado debe ser por contrato.

En sí­ntesis, de la misma manera que se espera un adecuado desempeño de cada uno de los legisladores, debe dárseles el apoyo profesional y administrativo que les permita realizar sus labores eficientemente.

Continúa.