Como parte de la apertura a juicio, hoy inició en el Tribunal de Mayor Riesgo A, el debate oral y público contra los acusados del caso Plan de Sánchez.
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Esta mañana brindaron sus declaraciones las personas que están siendo acusadas por la muerte de 268 personas en la aldea Plan de Sánchez, municipio de Rabinal, Baja Verapaz, ante el tribunal integrado por los abogados Yasmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante.
Los inculpados fueron capturados en agosto del 2011 y fueron identificados como: el excomisionado militar Lucas Tecún; los expatrulleros de autodefensa civil Santos Rosales García, Eusebio Galeano y los hermanos Julián y Mario Acoj. A estos se les procesará por los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad.
Los mencionados fueron ligados a proceso en las audiencias realizadas en el Tribunal el 16 y 17 de agosto pasados.
Los querellantes adhesivos en el caso, Comunidad Plan de Sánchez y el Centro de Acción Legal –CALDH–, según un informe distribuido, solicitarán que se les aplique a los supuestos autores materiales del caso, una condena estimada, de acuerdo con lo que establece la ley, que por cada asesinato cometido la pena es entre 15 a 40 años de cárcel y por el delito contra los deberes de la humanidad de 20 a 30 años de cárcel; sin embargo, señalan, esto dependerá del Tribunal.
En el debate, la parte querellante mencionó que han pasado 18 años ya de ocurrida la masacre y que, pese a las investigaciones, hasta ahora el proceso se ha enfocado sólo en los supuestos autores materiales.
LA MASACRE
El domingo 18 de julio de 1982, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, fueron lanzadas dos granadas de mortero calibre 105 m.m. Por la tarde, entró en la comunidad un grupo de 60 personas, aproximadamente, que integraban un comando compuesto por miembros del Ejército, comisionados militares, judiciales, denunciantes civiles y patrulleros.
Algunos miembros de este comando interceptaban en la entrada de la comunidad a habitantes que regresaban de Rabinal, hasta reunirlos a todos. Un grupo de mujeres y niñas fue llevado a otro lugar, donde fueron maltratadas, violadas y asesinadas; mientras a otro grupo de niños y niñas los apartaron y asesinaron a golpes.
Asimismo hubo personas que fueron obligadas a concentrarse en una casa, donde miembros del comando, supuestamente, arrojaron dos granadas al interior.
Desde las ocho de la mañana hasta cerca de las once de la noche, este grupo ejecutó a más de 268 personas.
La denuncia de este hecho fue presentada por sobrevivientes en 1992; sin embargo, amenazas de militares impidieron a éstos y a sus familiares buscar justicia. Luego de que el conflicto armado en Guatemala bajara de intensidad, a principios de los 90, muchos de los sobrevivientes empezaron a hablar y proporcionaron a las autoridades judiciales los datos necesarios para la ubicación de los algunos cementerios clandestinos.
Según una publicación en la página de ACOGUATE, organización de acompañamiento internacional, (acoguate.org), en este caso, el 7 de mayo de 1993 el Procurador de los Derechos Humanos presentó, en nombre de la comunidad, una denuncia al Ministerio Público por la masacre. En 1994, el Equipo de Antropología Forense de Guatemala exhumó el cementerio clandestino de la comunidad, constituido de 19 fosas comunes, en donde se encontraron los restos óseos de 84 personas. El 2 de septiembre de 1996, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) emitió una resolución histórica en la cual señaló al Estado como responsable de las masacres de Plan de Sánchez, Chichupac y Río Negro, todas ocurridas en el municipio de Rabinal. La resolución concluyó que estas masacres constituyeron crímenes contra la humanidad.