Es inaudito que la aprobación de una ley que regule el derecho constitucional, al que no podríamos renunciar de ninguna manera, a conocer todos los actos de la administración pública, provoque las reacciones que estamos viendo y que sólo se explican en la intención de mantener zonas ocultas al escrutinio ciudadano. En efecto, la Constitución de la República es absolutamente clara en afirmar la publicidad de todos los actos de la administración y ello es elemento suficiente para que todas las entidades del Estado, incluyendo a las autónomas y descentralizadas, tengan que proporcionar informaciones a quien las requiera y no simplemente a los periodistas.
Si partimos de que el acceso a la información está garantizado por la Constitución Política de la República, la ley que se discute es simplemente un instrumento para facilitar ese acceso y normarlo de manera que todos los funcionarios tengan que acatar la norma de nuestra Carta Magna, lo cual no ocurre en la actualidad porque con las más variadas razones, se juega la vuelta a la disposición de la ley de mayor jerarquía en el país.
Y en cuanto a la exigencia que hacen respecto a que se extienda el acceso a la información a entidades privadas, entre ellas los medios de comunicación, no debe confundirse el sebo con la manteca. Efectivamente creemos que por razones éticas y de autoridad moral las empresas periodísticas tienen que ser tan transparentes como se exige a los que actúan en nombre del Estado, pero hay una diferencia sustancial y es que dichas empresas no se financian con aportes públicos. Por ello es que resulta tan cuestionable que personeros de empresas periodísticas trafiquen influencias, como se hizo en las postrimerías del gobierno de Berger, para lograr financiación a fundaciones que ellos dirigen, aunque en ese caso el acceso a la información es aplicable a entes privados que operan con fondos públicos.
La premisa fundamental es que tenemos que cumplir con la ley y en ese sentido, reconociendo la preexistencia del mandato constitucional, no debemos ahogarnos en un vaso de agua. Todo ciudadano tiene acceso a la información y para asegurar ese derecho es necesaria una ley específica que simplemente regule el trámite para pedir y recibir la información. Todo lo demás es querer enredar las cosas para mantener la nebulosa que ha facilitado tanta corrupción y mal manejo.
Urge un mecanismo para que lo dispuesto por nuestra Constitución respecto a la publicidad de los actos de la administración pública, lo que además es norma de cualquier sistema democrático, se pueda cumplir al pie de la letra y que ningún funcionario o empleado use subterfugios para ocultar información para mantener apachados sus clavos.