Los líderes de la Unión Europea (UE) mantenían hoy una cumbre llamada a endurecer la disciplina presupuestaria y mejorar la coordinación de sus políticas económicas, en un marco de creciente inquietud por la crisis de la deuda en España, que ha puesto en duda su solvencia.
La reunión en Bruselas de los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países de la UE es la última bajo la presidencia semestral de España y excepcionalmente, en vez de prolongarse como es habitual durante dos días, se cerrará esta misma tarde.
La desastrosa situación de las finanzas públicas de los 16 países que integran la Eurozona, que ha socavado la confianza de los mercados y ha llevado al euro a caer hasta sus niveles más bajos en más de cuatro años frente al dólar, obligará a los dirigentes a aprovechar esta cumbre para pasar a la acción.
Así, los líderes de la UE están llamados a sentar las bases de una gobernanza económica, es decir, de una mayor coordinación de las políticas nacionales que refuercen a Europa frente a futuras crisis económicas.
Los dirigentes europeos prevén además comprometerse a endurecer las normas de disciplina presupuestaria, implementando especialmente sanciones a los Estados con déficits públicos excesivos.
Al margen de la agenda oficial, la crisis de deuda pública y privada que atraviesa España planeará sobre esta cumbre, coincidiendo con una proliferación de rumores de que la UE estaría preparando un plan de rescate para este país, desmentidos reiteradamente por Bruselas y Madrid.
Pese a que la deuda pública española se encuentra muy por debajo de la media europea, su precio se ha disparado en las últimas semanas, situándose a más de 220 puntos por encima del bono alemán, de referencia en la Eurozona.
El Tesoro español logró colocar el jueves obligaciones por 3.479 millones de euros (4.305 millones de dólares) a 10 y 30 años, cumpliendo con sus objetivos, pero a tasas elevadas.
Los bancos y cajas de ahorros españoles paralelamente hallan cada vez más dificultades presupuestarias para financiarse en los mercados, lo que les empujó a pedir prestada una suma récord en mayo de 85.600 millones de euros al Banco Central Europeo, según el diario británico Financial Times.
Esa suma representa más del doble de lo que el organismo les prestó antes del hundimiento del banco estadounidense Lehman Brothers en septiembre de 2008, en plena crisis crediticia.
En ese contexto, agravado por una prolongada recesión de la que la economía no salió hasta el primer trimestre y por una tasa de desempleo de alrededor del 20%, la prensa alemana y española informaron en los últimos días de diferentes planes de rescate.
Especialmente, los diarios germanos se refirieron a la posibilidad de que España recurra al fondo de urgencia de 750.000 millones de euros acordado por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para socorrer a los países de la zona euro en riesgo de bancarrota.
«No tengo ninguna indicación de que España vaya a encontrarse en una posición tal que tenga que pedir utilizar» el fondo, reiteró el miércoles el jefe de los ministros de Finanzas de la Eurozona, Jean-Claude Juncker.
«España puede que esté en dificultades, pero no está previsto hablar en particular de este caso» durante la cumbre, dijo el jueves Juncker.
«Hay que mirar lo que España ha hecho en las últimas semanas, ha tomado decisiones fuertes», señaló por su parte la canciller alemana, Angela Merkel.
Merkel había sembrado la duda esta semana al asegurar que «España y cualquier otro país sabe que puede utilizar el mecanismo (para la Eurozona) si es necesario».
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró el miércoles que «España es un país solvente», un mensaje que podría transmitir a sus colegas europeos durante un discurso previsto sobre el balance de la presidencia española.
Los líderes de la UE acordaron hoy en la cumbre de Bruselas imponer tasas a los bancos de sus países y promover la idea de un gravamen mundial en las transacciones financieras en la cita del G20 de fines de junio, indicaron a la AFP fuentes diplomáticas.
Los jefes de Estado y de gobierno de la UE «están de acuerdo» en que «se deben introducir mecanismos de retención fiscal y tasas para las instituciones financieras», subraya el documento final aprobado en la cumbre, según estas fuentes.
Este dispositivo permitirá «garantizar una distribución igualitaria de la carga» de la crisis económica, agrega el texto.
Los dirigentes de la Unión Europea (UE) promoverán esta iniciativa en la cumbre del G20 los 26 y 27 de junio en Toronto, así como la introducción de una tasa mundial sobre las transacciones financieras.
El Tesoro español adjudicó hoy con éxito obligaciones por 3.479 millones de euros (4.305 millones de dólares) mientras las autoridades españolas intentan tranquilizar a los mercados sobre la solvencia de sus finanzas y ante la visita del director del FMI a Madrid.
La previsión de adjudicar entre 2.500 y 3.500 millones de euros en esta emisión de obligaciones a a 10 y 30 años casi se alcanzó, aunque con tasas crecientes -del 4,911% para las obligaciones a 10 años y 5,937% para las de 30 años-, tal y como está haciendo el Tesoro en los últimos meses.
«El resultado es tranquilizador, especialmente debido a que España ha estado en los últimos días en la mira debido a tensiones en su sistema bancario y sus sombrías perspectivas fiscales», según Chiara Cremonesi, analista de Unicredit Research.
El martes, el Tesoro adjudicó 5.168 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, pero a un interés más alto que el de su última emisión.
También este jueves, la ministra de Economía, Elena Salgado, declaró que la decisión del miércoles de que el Banco de España publique las pruebas de solvencia de los bancos, una medida dirigida tranquilizar a los mercados, hará que éstos puedan «verificar» la consistencia del sector financiero español.
Todo ello tiene lugar un día después de que publicarse informaciones sobre la preparación de un plan de rescate financiero para España que fueron negadas por el gobierno español, la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo director se reunirá el viernes en Madrid con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
La crisis afectó en España especialmente al déficit público, que se disparó al 11,2% del producto interior bruto (PIB) el año pasado, y a la deuda privada, ya que la deuda pública no llega al 60% del PIB aconsejado por la Eurozona.
Para recortar el déficit, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó recientemente un duro plan de ajuste con el objetivo de ahorrar 5.000 millones de euros este año y 10.000 en 2011, aunque la Comisión Europea le pidió el martes que «especifique» las medidas que incluirá en los presupuestos de 2011, en los que le ha llamado a ahorrar un 1,75% del PIB.
Además, Zapatero adoptó el miércoles una reforma del mercado laboral para impulsar la creación de empleos, en un momento en que la desocupación se sitúa en el 20% de la población activa, y las cajas de ahorros, entidades financieras de ámbito regional y vinculadas a las autoridades regionales, están inmersas en un proceso de fusiones para ahorrar costes mediante recortes de personal y cierre de oficinas.
Mientras, los bancos españoles han solicitado al Banco Central Europeo (BCE) créditos récord por tener problemas para financiarse en el mercado interbancario, por lo que la publicación de las pruebas de solvencia de estas entidades hará que «los mercados comprobarán que nuestro sector financiero es sólido, entidad por entidad», dijo la ministra de Economía a la televisión privada Telecinco.
Mientras, este jueves se sucedieron las declaraciones de apoyo al gobierno español y sus medidas anticrisis: el FMI dijo estar «muy impresionado» por las medidas españolas para reducir su déficit público, afirmó este jueves en Washington la portavoz del organismo, Caroline Atkinson.
«Han tomado medidas serias con un ajuste directo e inmediato, que es totalmente adecuado, teniendo en cuenta las presiones que enfrentan», declaró, y negó que haya un plan de rescate en preparación.
En la misma línea, el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, declaró que las medidas españolas son «valientes y serán eficaces».
«Consideramos que no hay ningún problema con España, confiamos plenamente en las autoridades españolas», afirmó por su parte el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
«No hay nada mejor que la transparencia para demostrar la solvencia y para dejar atrás tanto rumor sin fundamento», defendió Zapatero en Bruselas.