En Guatemala la cultura de violencia social se implantó desde 1954, el año en que se produjo la invasión mercenaria armada, patrocinada y financiada por el gobierno estadounidense y que provocó el derrocamiento del régimen democrático de Jacobo Arbenz. Desde aquel momento, el proyecto político de la derecha oligárquica militar, violenta y oscurantista del país en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional ha utilizado métodos sangrientos y en algunos casos el terrorismo de Estado, para sembrar el terror, reprimir y perseguir a los opositores políticos, crear condiciones para hacer cundir entre la sociedad el miedo, el silencio y por supuesto, para cometer abusos y graves violaciones a los derechos humanos.
Otras veces, esta derecha desplazada del poder político, crea condiciones artificiales, reactiva y desactiva a voluntad a grupos que ejecutan acciones violentas para crear un clima de inestabilidad, de terror y de paralización social. También es cierto, que en los días actuales otros actores se suman a la situación de violencia y por tanto al ambiente de inseguridad e indefensión que percibe la población guatemalteca. Tales como el tráfico de armas, crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, sicariato.
Pero por otra parte, también es cierto que los aparatos de seguridad del Estado han sido incapaces hasta ahora de identificar, perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia a quienes pertenecen a estos grupos. Para nadie es un secreto que hay pocos resultados en capturas y más desalentadores, los escasos resultados en condenas emitidas por los tribunales de justicia. Por eso Guatemala sigue siendo un paraíso de la impunidad.
No debe extrañar que la institución del Procurador de los Derechos Humanos, PDH, observadores internacionales, cuerpo diplomático acreditado en el país, Universidad Nacional, sectores académicos, iglesias, sociedad civil, empresarios y organizaciones gremiales, coinciden en estos días en exigir a la actual administración que preside ílvaro Colom, un plan de seguridad eficiente y eficaz para superar la crisis de violencia social existente, que cobra un promedio de 48 vidas de personas al día, el índice más alto de muertes violentas en América Latina, lo que pinta al país como salvaje e incivilizado .
El reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala OACNUDH, llama la atención del gobierno guatemalteco sobre el grave problema de la inseguridad pública y sobre los escasos logros y avances en el tema de la administración de justicia. Es decir, todos los ojos y las voces de diversos sectores sociales, reiteran con preocupación la desbordada violencia que se vive en el país, resultado de algunos de los factores a que me referí en párrafos anteriores.
Esta ola de violencia indiscriminada ha aumentado en los últimos días y afectado tanto a víctimas inocentes como a altos funcionarios de Estado, tal como el secuestro, tortura y posterior liberación de la licenciada Gladys Monterroso de Morales, esposa del actual Procurador de los Derechos Humanos doctor Sergio Morales Alvarado.
El gobierno debe dar muestras de acciones certeras en el combate a la criminalidad y a quienes están provocando tanta muerte y dolor. Mi solidaridad con todas las víctimas de esta violencia irracional.