La justicia chilena anunció hoy el cierre de la investigación dentro del proceso para resolver si concede a Perú la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, al cumplirse un año de su sorpresiva llegada a Santiago donde quedó detenido.
El juez Orlando ílvarez, a cargo del proceso, cerró hoy la etapa de sumario antes de resolver si accede al pedido del gobierno peruano, según la resolución dada a conocer en la capital chilena.
La decisión del juez se conoció el mismo día en que se cumplió un año de la imprevista llegada de Fujimori a Chile, donde fue detenido horas después, en la madrugada del 7 de noviembre de 2005, cuando Perú inició los trámites para lograr su extradición.
«Atendido el mérito de los antecedentes, declárese cerrada la investigación», señaló la resolución del juez.
El último trámite que cumplió ílvarez antes de concluir esta etapa del proceso fue pedir al gobierno del presidente peruano, Alan García, un informe sobre el patrimonio que Fujimori tenía cuando renunció a la presidencia y se refugió en Japón, a fines de 2000.
El magistrado confirmó que el estudio, elaborado por la compañía privada estadounidense Kroll, llegó finalmente a Santiago después de varias semanas y que por ello quedó en condiciones de entrar en la fase definitiva del juicio.
«Cerré la investigación para darme el tiempo de estudiar con tranquilidad todas las pruebas», dijo Alvarez, ante consultas de la prensa.
Aunque no quiso precisar la fecha en que se pronunciará sobre la eventual extradición de Fujimori a Perú, Alvarez adelantó que «se está acercando, porque todos los trámites llevan precisamente a que se tome una decisión».
Fujimori, de 68 años, viajó a Chile el 6 de noviembre de 2005 cuando concluyó de manera inesperada cinco años de refugio en Japón, pero permaneció detenido por más de seis meses en un recinto de la Gendarmería, al sur de Santiago, hasta que logró su libertad el 18 de mayo aunque con estricta prohibición de salir del país mientras continúa el juicio.
El cierre del sumario dejó al juez Alvarez en condiciones de emitir su dictamen antes de fin de año, según indicaron fuentes judiciales.
«í‰l está tranquilo, muy tranquilo», dijo el abogado defensor de Fujimori, Gabriel Zaliasnik, después de conocer el cierre de la investigación que acerca el proceso a su desenlace.
El pedido de extradición consigna dos cargos por violaciones a los derechos humanos: la matanza de 15 habitantes del vecindario de Barrios Altos en Lima, en 1991, y las muertes de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, al año siguiente, en las afueras de la capital peruana.
La solicitud peruana incluye además 10 acusaciones de corrupción, que atribuyen a Fujimori la apropiación de dineros estatales y la entrega de 15 millones de dólares de fondos públicos a su antiguo asesor Vladimiro Montesinos, poco antes del colapso de su Gobierno en noviembre de 2000, cuando huyó a Japón.
Si Alvarez concede la extradición, Fujimori y sus abogados tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para intentar modificar el veredicto.
Si en cambio el juez rechaza la petición de Perú, el gobierno de García puede insistir ante la Corte Suprema e invocar el Tratado de Extradición vigente entre ambos países desde noviembre de 1932.