Este fin de semana, la población guatemalteca obtuvo un ejemplo más de la debilidad de las instituciones del Estado que deben garantizar la seguridad pública. Los cadáveres de cinco jóvenes con perforaciones de bala en el cráneo aparecieron en el bulevar El Naranjo. De acuerdo con declaraciones de varios familiares, el viernes habí­an sido secuestrados por agentes de la Policí­a Nacional Civil en el barrio El Gallito de la zona 3.

El caso ha impactado tanto a las autoridades de la institución, que Julio Hernández Chávez decidió renunciar ayer como director de la PNC. La ministra de gobernación, Adela Torrebiarte, aseguró que se continuarán con las investigaciones para localizar a los responsables del crimen. Hasta el momento, dos agentes han sido detenidos, imputados por el delito de ejecuciones extrajudiciales.

El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática estableció la creación de la Policí­a Nacional Civil para que fuera la institución encargada de velar por el orden público y la seguridad interna del paí­s.

Diez años después de la firma de los Acuerdos de Paz, esta institución es una de las más desacreditadas y con menos credibilidad entre la población guatemalteca. Complicidad con delincuentes, incrustación del crimen organizado y del narcotráfico, abusos y torturas contra detenidos y varias ejecuciones extrajudiciales, son algunos de los casos que se han convertido en las principales crí­ticas contra la institución.

Frente a esta debilidad, a todas luces planificada y mal intencionada, varias de las propuestas durante estas elecciones generales se refirieron a la supuesta necesidad de continuar con los operativos conjuntos entre miembros del Ejército y de la PNC para garantizar la seguridad ciudadana.

Diversos análisis aseguran que los niveles de violencia e impunidad que se registran en Guatemala dan cabida al calificativo de «Estado fallido». Sin embargo, hasta el momento, las autoridades del Estado no han tenido la voluntad polí­tica de fortalecer las instituciones para que se garantice la paz de la ciudadaní­a.

Corta se queda la Constitución Polí­tica de la República cuando establece en sus dos primeros artí­culos que el Estado de Guatemala está organizado para proteger a la persona y para garantizarle la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral.

La nueva represión del Estado se ha generalizado contra toda la población, quien sumida en el miedo por el peligro de encontrarse con una bala perdida o con varios uniformados, que en la actualidad son igual de peligrosos, no le da cabida a los demás satisfactores que le siguen negando.