Después de lo acontecido en el gobierno anterior y sobre todo tras la acusación que pesa sobre Alfonso Portillo por haber autorizado transferencias en el presupuesto, en ese caso a favor del Ministerio de la Defensa, los asesores del presidente í“scar Berger tendrí­an que decirle que debe tener especial cuidado con las transferencias que él autoriza, porque se ha sentado el precedente de que un gobernante puede ser acusado penalmente por realizar ese procedimiento administrativo si el dinero es mal utilizado por la entidad que recibe los fondos.

A finales del año pasado se produjo una fuerte cantidad de transferencias en verdad millonarias que, como en tiempos de Portillo, sacaron dinero de Educación para trasladarlo a otras carteras. Ahora el beneficio ha sido para el Ministerio de Comunicaciones que ha trasladado el dinero a la Organización Internacional de Aviación Civil para que continúe los trabajos de construcción aeroportuaria. Si ese dinero luego resulta que no se usó con toda la corrección del caso o, simplemente, si alguien tiene duda de cómo se utilizó, podrí­a pedir el encausamiento del mandatario actual por haber autorizado las transferencias.

El problema se complica porque al no haber autorizado presupuesto para este año, el Gobierno tendrá que recurrir al procedimiento de transferir fondos de una partida a otra a efecto de cumplir con los proyectos que tiene para este año. Las transferencias, que son un mecanismo contemplado en la ley para que el Ejecutivo pueda reasignar partidas, tienen ahora el problema de que pueden convertirse en fuente de una acusación penal contra el Presidente, toda vez que se estableció que como el mandatario no es cuentadante y por lo tanto no puede exigí­rsele cuentas por el manejo de los fondos, se ha tipificado como delito, al menos en el Ministerio Público aunque no aún en los tribunales de justicia, el que el Presidente de la República autorice la realización de transferencias si el dinero posteriormente no es bien utilizado por la entidad que lo recibe y por sus responsables, que son al final de cuentas los que tendrí­an que asumir la responsabilidad.

Advertimos sobre esa situación al Gobierno, porque no serí­a raro que en el futuro se acudiera al mismo mecanismo que ahora se sigue para acusar a Portillo y de esa forma se pueda encausar al presidente actual. Por ello es que creemos necesario que el presidente Berger tenga especial cuidado cuando firma una transferencia de fondos, porque estará sujeto en el futuro a un escrutinio que hasta ahora no tení­a razón de ser, pero que debido al precedente sentado y que sirve para fundamentar la solicitud de extradición de Portillo, debe considerar seriamente el cuerpo de asesores legales y financieros del mandatario.