A criterio de la defensora de la niñez y la adolescencia de la PDH, los reglamentos de escuelas e institutos públicos deben ser armonizados con la Ley de Protección Integral, ya que en muchos casos éstos amenazan la integridad de los infantes.
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Información preliminar de un monitoreo realizado en los últimos meses de 2008, en 270 escuelas primarias e institutos de nivel medio, sobre la violencia en los centros escolares, da cuenta de que parte de las sanciones que imponen los códigos de conducta, ponen en riesgo el aprendizaje y la dignidad de los infantes.
Nidia Aguilar del Cid, defensora de la niñez y la adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), comentó que «la disciplina que se lleva en los centros sobrepasa la atención que los niños deberían tener dentro de la protección integral».
A criterio de la defensora, las medidas reglamentarias contempladas en estos códigos deben adecuarse a las necesidades de los niños y niñas, ya que, muchas veces, la situación que se pretende disciplinar no depende de los chicos sino de los padres.
«Por ejemplo, los niños de primaria no llegan temprano por decisión suya, pero la sanción es para ellos», señaló.
De acuerdo con los datos cualitativos del monitoreo, en algunos de los reglamentos persiste la idea de sancionar retirando a los niños de los establecimientos, suspendiéndoles por varias semanas y hasta expulsándolos.
«Estamos seguros que suspenderlos no es una medida adecuada. Por supuesto, si hay una falta grave, las autoridades de los establecimientos, con la participación de los supervisores departamentales, deben buscar una salida que no perjudique al infante o joven», indicó Aguilar.
SANCIONES DRíSTICAS
El resultado previo del diagnóstico también refiere que mientras el nivel educativo se eleva, las medidas disciplinarias se tornan más drásticas.
«En esa fase, las medidas sancionatorias son mucho más fuertes», manifestó.
A raíz de ello, muchas veces pueden perderse un examen cotidiano. También se confirmó que en otras oportunidades los adolescentes deben realizar tareas más complicadas de limpieza en sus establecimientos.
«Como sanción, siempre y cuando no se denigre a los niños, está bien; pero hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de castigos con los niños, porque la escuela es un medio donde las autoridades tendrían que lograr una convivencia en armonía», señaló Aguilar.
Según la defensora, no se percibió una diferencia marcada en el uso de reglamentos en el área urbana y rural, aunque en los espacios urbanos se tiende a encontrar más este tipo de estatutos.
Los 270 establecimientos incluyeron cuarto, quinto y sexto grados de primaria, así como primero y segundo básico.
PREOCUPA VIOLENCIA
Aguilar recalcó en que la violencia en la escuela debe verse como un problema de interés nacional, ya que los niveles de este comportamiento se mantienen en las aulas.
«En las entrevistas con los muchachos y las chicas encontramos que muchas veces quienes observan la violencia cotidiana en las aulas, se sienten culpables porque no están alertando a las autoridades sobre las agresiones que se comenten», aseveró Aguilar.
«Hay muchos niños y niñas muy afectados por ese tipo de maltrato en la clase, son niños tranquilos y que difícilmente van a responder a una agresión», puntualizó.
Se intentó obtener la postura del Ministerio de Educación al respecto, empero Luis de León, comunicador social de la institución, refirió que desconocía la información, por lo que era complicado opinar al respecto.
LA DIRECCIí“N de Atención y Asistencia al Consumidor, a raíz de operativos que ha efectuado durante enero, en al menos 30 establecimientos privados, ha detectado la existencia de cobros indebidos, cobros excesivos y casos donde se ha obligado a los padres a comprar los útiles en el mismo colegio.
ESTUARDO ESTUPIí‘íN, de la Diaco, dijo que se han constatado varias acciones no permitidas, entre otras como la ausencia del libro de quejas, y el uso reiterado de publicidad engañosa. Estupinián indicó que la próxima semana presentarán las denuncias concretas al Ministerio Público.