La Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), cuestionó la reforma constitucional que impulsa el Organismo Ejecutivo, específicamente lo relacionado con la participación del Estado hasta por 40 por ciento en empresas de la industria referida.

Gremiext manifestó ayer, mediante un comunicado, que “rechaza la propuesta de reforma mencionada”, pues incluso su simple mención causó “incertidumbre” en los mercados internacionales, donde algunas de estas empresas cotizan en mercado de valores.

En ese sentido, Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), dijo que la postura del sector privado en relación a las reformas constitucionales se espera para finales de esta semana.

Sin embargo, “ya hay algunas cámaras que se han pronunciado en contra de ciertos artículos”, que es el caso de Cámara de Industria de Guatemala, vía su gremial de industrias extractivas, pues “las acciones de estas mineras empezaron a perder valor” y “hay acciones que bajaron hasta 40 por ciento”, según indicó.

Las empresas están pidiendo al Presidente “que aclare qué significa” la participación del Estado, dónde y cuándo podrá participar, “para que no se entienda que lo que busca el Estado en el futuro es nacionalizar esas empresas o expropiarlas”, como ha ocurrido en otros países de América del Sur.

Posterior a una cita que Gremiext tuvo con el mandatario guatemalteco hoy, Otto Pérez Molina descartó que sea un intento de nacionalización o expropiación.

RECURSOS ESTATALES

Según Eduardo Velásquez, profesor titular VIII del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Usac, la Constitución actual designa que “todos los bienes que existen en el subsuelo del país, son propiedad del Estado”.

Por tanto, señaló que los ciudadanos “debemos velar, porque la explotación del subsuelo le rinda al Estado de Guatemala la mayor cantidad de recursos que se pueda”, consistentemente con el principio constitucional.

“Guatemala puede definir de qué manera quiere explotar los recursos que le pertenecen como Estado. Estamos en nuestro libre albedrío y derecho de hacerlo”, agregó, y  “naturalmente, si –a las mineras- les van a bajar la tasa de ganancias extraordinaria que han estado teniendo, evidentemente ellos van a decir que no, que es mucho”, porque también estarían defendiendo sus intereses económicos.

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que “hay que recuperar la visión en cuanto a que los recursos naturales, minerales o hidrocarburos, son recursos del Estado”.

Es decir, oro, petróleo, arenas para cemento, “no son propiedad privada”, “son bienes públicos, propiedad del Estado y no de las empresas extractivas”, señaló.

“Pareciera que el sector privado está saliendo como si ellos tuvieran propiedad sobre los recursos naturales no renovables que están siendo explotados”, agregó Barrientos, quien indicó que la intención de la reforma buscaría llenar el vacío de la legislación actual.

Las empresas extractivas incluyen no solo a la minería de oro, sino también a la industria cementara, arenas, plata, petróleo.

Se cuestionó de ambos analistas la cifra que propone la reforma como techo para participación de Estado en empresas mineras, pues no debería tener límite y puede hacerse a través de leyes ordinarias, agregaron.