Los expertos del Comité contra la Tortura manifestaron su preocupación sobre la vigencia de fenómenos y prácticas que no favorecen a la situación de derechos humanos en el país, muchos de los cuales ya habían sido señalados en 2006, cuando el Estado de Guatemala se presentó por última vez a examen.

Uno de los temas de preocupación sigue siendo la participación del ejército en tareas de seguridad pública; para el presidente del Comité, Claudio Grossman, la experiencia en Guatemala y en otras latitudes muestra que el empleo de fuerzas combinadas no es conveniente, puesto que los militares no están preparados para ello y pueden incurrir en violaciones graves.

Si bien los expertos reconocen avances en materia de fortalecimiento de la PNC, tienen la sensación que en la práctica se está fortaleciendo más al ejército; un indicador es que Guatemala sigue siendo el país de toda América Latina con menos efectivos, tan sólo 1.78 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que en otros países el número asciende a 4.

Además del rol del ejército, preocupan otros problemas, como el incremento de la seguridad a manos de empresas privadas, el hacinamiento en centros de reclusión y la falta de efectividad para investigar las muertes violentas de mujeres y las agresiones contra defensores y a falta de implementación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

Antonio Arenales Forno, quien dirige la delegación oficial, resaltó en su alocución inicial que unos de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos ante Naciones Unidas es reestructurar y fortalecer la institucionalidad del Ejecutivo encargada de la materia; con ello pretenden dar mejor seguimiento a las recomendaciones emanadas de órganos internacionales de derechos humanos.

Varios expertos resaltaron la necesidad de que el país presente datos confiables sobre los resultados de sus políticas; informan sobre normas legales, pero dan la sensación que no conocen qué es lo que ocurre en la práctica, señaló Grossman, quien además de presidir el órgano es quien sigue de cerca el caso de Guatemala dentro del comité.

Para el director de la ODHAG, Nery Rodenas, quien estuvo presente durante el examen, “los expertos están muy informados sobre temas cruciales para el país, como el avance de la justicia transicional, en especial los casos por genocidio; esperamos que mañana el Estado dé respuestas concretas respecto de las preguntas que fueron formuladas por los expertos”.

En esta primera etapa de examen no existe derecho de réplica, se destinan dos horas para una presentación inicial de 15 minutos por parte del Estado examinado, el resto de tiempo lo disponen los expertos para formular preguntas; en la segunda etapa, que tendrá lugar mañana, el Estado dispondrá de 90 minutos para responder a los cuestionamientos.