Actualmente, el Ejecutivo tiene en su poder una propuesta de ley que precisamente se enfoca en el desarrollo rural integral, empero, hay aún un arduo camino que la misma debe enfrentar en el Congreso de la República, puesto que hay otras iniciativas, contra las cuales debe competir.

«En el tema de desarrollo rural, apenas se alcanzó un consenso para preparar una propuesta de Ley y el mantenimiento de los programas enfocados al apoyo al micro y pequeño propietario», apuntó í‰dgar Ortiz, de la Coordinación de ONGs y Cooperativas, Congcoop, en un análisis reciente sobre el primer año de gobierno de ílvaro Colom.

No obstante, de acuerdo con analistas de Plataforma Agraria, PA, para que exista un desarrollo rural integral se debe discutir y entrar de lleno al tema de la tenencia y distribución desigual de la tierra, ya que este es otro punto que ha generado conflictos históricamente.

RIC

De acuerdo con Omar Jerónimo de PA, la creación de tribunales agrarios y de un código agrario se hacen indispensables para que la información que se obtenga del Registro de Información Catastral (RIC) sea realmente útil para las poblaciones sin acceso a la tierra.

Las autoridades del RIC informaron que el proceso de catastro comenzó en los departamentos de Alta Verapaz y Petén -dos de los sitios donde más conflictividad agraria se ha reportado-, el cual generará información útil, en unos 20 años.

Según Jerónimo, con el catastro no se podrán resolver temas como los excedentes de tierra, la sobreescrituración, entre otros.

«El RIC no va asignar tierra a nadie, los conflictos van a seguir porque no se resuelve la parte legal; eso se resuelve con los tribunales y el código agrario», advirtió.

CRíTICA

Por otro lado, se ha cuestionado la ejecución de instituciones como el Fondo de Tierras (Fontierras) y el Ministerio de Agricultura, Ganaderí­a y Alimentación (MAGA), ya que los mismos han priorizado la inversión en aspectos que no beneficiaron del todo a la población campesina e indí­gena.

Zully Morales, analista de Congcoop, cuestionó que los Q138.92 millones que se le recortaron al MAGA, afectaron la buena ejecución de los programas de apoyo a la producción de alimentos y a la diversificación y reactivación de la economí­a campesina.

Además, se criticó que Fontierras haya priorizado la polí­tica de créditos para los campesinos, sobre la de compra de tierra. En la primera se invirtieron Q82 millones 400 mil, mientras que en la segunda Q11 millones 736 mil.

PRESIí“N

En las últimas semanas, organizaciones como PA, el Comité de Unidad Campesina (CUC), así­ como representantes de San Juan Sacatepéquez, Livingston, Coatepeque y San Marcos, a través de medidas de presión, obligaron a representantes de los tres poderes del Estado a escuchar sus demandas.

Delegados de los tres poderes se comprometieron a dar respuesta pronta a las peticiones, las cuales deben comenzar a cumplirse en esta semana, de lo contrario, la amenaza latente de la resistencia de las poblaciones está sobre la mesa.