Los abogados del compañero del periodista Glenn Greenwald cuestionaron la legalidad de su detención momentánea en el aeropuerto de Heathrow cuando denunciaron hoy ante el Tribunal Superior británico que la aplicación policial de las políticas antiterroristas violaban los derechos fundamentales de su cliente.

Greenwald, ex reportero del periódico Guardián, ha escrito una serie de artículos sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos en base a material revelado por el excontratista de la NSA Edward Snowden.

El compañero de Greenwald, David Miranda, un estudiante universitario de 28 años, fue interrogado en el aeropuerto de Heathrow durante casi nueve horas en agosto en base a la ley británica sobre terrorismo. Miranda regresaba a Brasil después de una visita a Alemania, donde se reunió con Laura Poitras, una cineasta estadounidense que ha estado trabajando con Greenwald en los artículos de la NSA.

El abogado Matthew Ryder, en representación de Miranda contra el gobierno británico, dijo a la prensa que el caso depende de la legalidad de la detención de Miranda según el Apartado 7, que da a las autoridades la prerrogativa de parar, interrogar y detener a personas en puertos y aeropuertos aunque no sean sospechosos de ninguna ilegalidad. Las autoridades también le quitaron a Miranda su computadora y teléfono celular.

Ryder pidió al tribunal que considere el propósito principal por el cual se apeló al Apartado 7 y si correspondía en el caso de Miranda.

«Si el tribunal considera que dicha prerrogativa se usó proporcionalmente para requisar material periodístico, solicitamos al tribunal que considere si el Apartado 7 es compatible con los derechos fundamentales, en particular el derecho a la libertad de expresión», afirmó Ryder. «Este caso ilustra vívidamente por qué no es compatible».

Miranda ha demandado infructuosamente para impedir que la policía revise el material que le incautó. El gobierno dijo que la policía requirió acceso al contenido de su computadora en base a la protección de la seguridad nacional y al temor de que el material incautado pudiera poner en peligro sus operaciones antiterroristas.